Éxito Noticias, 22 de octubre 2026.- El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el Gobierno no protegerá a ninguna autoridad o exautoridad que sea investigada por presuntos vínculos con la corrupción, el narcotráfico o el crimen organizado, luego de conocerse que vocales del Órgano Judicial figuran en una lista adicional de ciudadanos bolivianos sancionados por Estados Unidos por presuntamente socavar al Gobierno democráticamente electo mediante la corrupción o el narcotráfico. “El gobierno de Rodrigo Paz Pereira no va a dar ninguna protección ni blindaje para absolutamente nadie. La administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado”, sostuvo durante una conferencia de prensa.
La autoridad señaló que el Ejecutivo mantiene investigaciones abiertas desde hace varios meses en algunos de los casos que coinciden con los nombres incluidos en la lista estadounidense. Sin embargo, remarcó que las pesquisas y la aplicación de las leyes deben desarrollarse de manera soberana, conforme a los procedimientos de la justicia boliviana. “No actuamos por imposición externa, actuamos por responsabilidad propia. Pero celebramos coincidir en varios casos en las decisiones tomadas por el Gobierno americano”, manifestó.
Asimismo, el vocero indicó que las personas mencionadas en la lista que ocuparon cargos durante la actual gestión ya fueron apartadas de sus funciones, algunas semanas atrás y otras en días recientes. También advirtió que cualquier autoridad o exautoridad incluida en la nómina y que sea investigada por la justicia boliviana deberá responder ante las instancias correspondientes si existen elementos que justifiquen procesos judiciales. En ese marco, resumió la posición del Ejecutivo en cuatro principios: “No habrá blindaje para nadie. El cargo no protege. La influencia no protege. Y el uniforme no protege”.
El portavoz sostuvo que la principal preocupación para el país no debe centrarse únicamente en la revocación o suspensión de visas, sino en la posibilidad de que organizaciones criminales hayan penetrado instituciones estatales encargadas de proteger a la población. En referencia a los nombres vinculados al Órgano Judicial y a otras entidades públicas, enfatizó que el Gobierno busca desarticular estructuras que, según afirmó, se habrían instalado durante años en las instituciones. “Pero lo verdaderamente grave que tenemos que ver como Bolivia, como ciudadanos de este país, no es una decisión de otro gobierno para suspender el visado, sino la posibilidad de que organizaciones criminales hayan penetrado instituciones encargadas de proteger a la sociedad”, declaró.
Finalmente, el vocero ratificó que Bolivia continuará coordinando acciones con sus aliados internacionales para combatir las estructuras criminales transnacionales, pero insistió en que la responsabilidad de investigar y sancionar dentro del territorio nacional corresponde a las autoridades bolivianas. “El narcotráfico, por lo tanto, es nuestra posición explícita, no puede tener oficinas dentro del Estado”, afirmó. Añadió que el Ejecutivo continuará con las investigaciones y aplicará las sanciones que correspondan, respetando el Estado de derecho, para evitar que las redes criminales vuelvan a sentirse protegidas por el poder.
