Éxito Noticias, 22 de octubre 2026.- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, recomendó que el titular del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, y el vocal Julio Nelson Alba Flores renuncien a sus cargos y se sometan a las investigaciones correspondientes, luego de que Estados Unidos les impusiera restricciones de visa. El magistrado considera que los señalamientos afectan la credibilidad de ambos funcionarios para continuar al frente de sus responsabilidades judiciales.
Mediante una publicación, Saucedo sostuvo que las sanciones anunciadas por el Gobierno estadounidense generan dudas sobre la confianza que deben transmitir las autoridades encargadas de administrar justicia. “Por este motivo, recomendamos a los mencionados vocales presentar su renuncia y someterse a la investigación pertinente, sin gozar de ningún privilegio por su condición de servidores judiciales”, manifestó.
Además de plantear la salida de ambos funcionarios, el presidente del TSJ solicitó a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que considere, en las próximas horas, quién debe asumir la conducción de ese cuerpo colegiado. La petición busca que la instancia judicial evalúe su situación institucional tras conocerse la inclusión de sus autoridades en la nómina estadounidense.
Saucedo también exhortó a los integrantes del tribunal departamental a ejercer sus funciones con ética y transparencia, y remarcó que los servidores judiciales deben responder ante las investigaciones sin recibir un trato privilegiado por el cargo que ocupan. Su pronunciamiento se da en medio de cuestionamientos sobre la credibilidad de las autoridades judiciales señaladas por Washington.
Las restricciones de visa forman parte de una nueva medida anunciada por Estados Unidos contra 40 ciudadanos bolivianos, entre ellos 15 autoridades y exautoridades, además de 25 familiares directos. Según el Gobierno estadounidense, la decisión responde a presuntas acciones que socavan a gobiernos democráticamente elegidos mediante la corrupción o actividades vinculadas al narcotráfico. La inclusión en esta lista, sin embargo, no constituye por sí sola una sentencia judicial ni acredita automáticamente la responsabilidad penal de las personas señaladas.
