Éxito Noticias, 28 de octubre 2026.- La diputada de Libre, Lissa Claros, exigió al fiscal general del Estado, Armando Urioste, conformar de inmediato una comisión de fiscales para investigar los presuntos audios vinculados al empresario argentino Fernando Cerimedo y a altas autoridades del Estado.
Claros pidió al Ministerio Público realizar pericias que permitan establecer la autenticidad y veracidad de las grabaciones que circulan públicamente. Cuestionó que los audios aparezcan de manera recurrente sin que la Fiscalía emita un pronunciamiento o active una investigación formal.
“Exigimos al Fiscal General del Estado de manera inmediata que se pueda conformar una comisión de fiscales y se pueda iniciar ya con los procesos de autenticidad y de identificación de veracidad con las pericias sobre los audios”, afirmó.
La legisladora también cuestionó el silencio del Gobierno frente al contenido de las grabaciones y planteó la necesidad de esclarecer qué funciones cumplía Cerimedo dentro del entorno gubernamental. En ese sentido, preguntó si el empresario argentino tenía influencia directa en las decisiones del Ejecutivo.
“¿Qué quieren? ¿Que este caso de Cerimedo quede en la impunidad? Bolivia necesita saber qué era el rol del señor Cerimedo. ¿Era el presidente en la sombra o no?”, cuestionó Claros.
La diputada sostuvo que el Ministerio Público debe investigar las denuncias sin distinciones y alcanzar a todas las personas que pudieran estar involucradas, independientemente de sus vínculos con autoridades nacionales. También reclamó que las pericias sobre los audios permitan establecer si las grabaciones tienen sustento y pueden dar lugar a procesos judiciales.
“Y resulta que el gobierno lo soluciona con un silencio, tampoco se ha pronunciado en absolutamente nada y claramente tenemos que tener un estudio de pericia para verificar todos los audios y que la justicia pueda realizar la apertura de las investigaciones”, señaló.
Claros advirtió además que no permitirá que el caso derive en una investigación selectiva y pidió al Ministerio Público actuar con independencia para determinar responsabilidades. “No vamos a permitir una justicia direccionada, una justicia manipulada”, sostuvo.
