Éxito Noticias, 28 de octubre 2026.- La diputada del PDC Sandra Rivero presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra Alejandro Quiroga Montoya, funcionario de la Cámara de Diputados, por el presunto uso de instrumento falsificado, luego de cuestionar la validez del título profesional que habría utilizado para ejercer como asesor de esa institución.
Rivero señaló que Quiroga ocupa el cargo de asesor desde el inicio de la actual gestión y que recibió Bs 17.860 durante el periodo, según documentación del Ministerio de Economía. La legisladora presentó además un informe atribuido al Departamento Jurídico de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que, según su versión, establece que el documento presentado como título fue alterado y que los datos del funcionario aparecen sobrepuestos sobre un título otorgado en 2009 a otra persona.
“Hemos formalizado la denuncia ante el Ministerio Público contra el señor Alejandro Quiroga Montoya”, afirmó Rivero, quien anunció que solicitará que la Fiscalía determine si corresponde investigar otros delitos relacionados con la presunta falsificación del documento y establezca si existieron otras personas involucradas.
La legisladora también cuestionó la permanencia de Marco Mercado, a quien identificó como jefe de gabinete y asesor legal del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro. Rivero anunció que presentará otra denuncia en su contra y pidió reabrir un caso anterior en el que un exdiputado lo habría acusado de utilizar su sello y falsificar su firma para obtener reconocimientos durante la anterior gestión.
En paralelo, Rivero denunció una presunta compra irregular de 69 sillones para la Asamblea Legislativa por un monto cercano a Bs 190.000. Según la diputada, cada unidad fue adquirida por Bs 2.800, pese a que su precio comercial, de acuerdo con la documentación y las referencias que presentó, no superaría los Bs 700. También afirmó que posteriormente se colocaron esponjas en los sillones para intentar subsanar observaciones relacionadas con sus características.
“Esto definitivamente es mal uso de la plata que llega a la Asamblea”, sostuvo Rivero, quien atribuyó la autorización de la compra a funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF).
