Éxito Noticias, 9 de septiembre 2026.– El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, retomó este miércoles la socialización del proyecto de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) en materia de justicia. La propuesta fue presentada ante abogados, universidades, organizaciones de la sociedad civil y representantes indígenas, con el objetivo de recoger observaciones y aportes para modificar el sistema judicial boliviano.
Uno de los principales planteamientos es fortalecer la independencia de la Justicia y evitar la influencia política en las instituciones judiciales. Durante el foro, los participantes coincidieron en la necesidad de despartidizar y despolitizar la administración de justicia. “La reforma judicial viene siendo una exigencia del sistema democrático para su fortalecimiento y para su consolidación”, afirmó Del Granado.
El proyecto también propone establecer un presupuesto mínimo equivalente al 3% para el Órgano Judicial, además de prohibir injerencias externas y eliminar la figura de jueces provisorios, temporales o ad hoc. Según los impulsores de la iniciativa, estas medidas buscan enfrentar problemas como el colapso institucional, las limitaciones económicas y las dificultades que tienen algunos sectores para acceder a la justicia.
Otro cambio importante está relacionado con la selección de magistrados y otras autoridades. La propuesta plantea crear una Comisión Nacional de Postulaciones que evalúe a los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, además del Defensor del Pueblo y el Fiscal General. Esta comisión deberá realizar una evaluación de probidad y presentar ternas a la Asamblea Legislativa, para que posteriormente la elección sea sometida a referendo.
El proyecto también incorpora la justicia de paz, la conciliación y el arbitraje como mecanismos reconocidos constitucionalmente, además de garantizar la defensa pública y servicios integrales para sectores vulnerables. Asimismo, plantea que las autoridades cesen automáticamente al concluir su mandato, elimina la posibilidad de prórrogas y propone la desaparición de la Procuraduría General del Estado. La iniciativa fue presentada en abril de 2026 y su socialización fue retomada este mes después de los conflictos sociales, con la intención de ampliar el debate antes de continuar con su tratamiento.
