Éxito Noticias, 6 de octubre 2026.- El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció una revisión de la estructura y el funcionamiento del Ministerio Público, con el objetivo de recuperar la institucionalidad de la Fiscalía y establecer nuevas medidas frente a las denuncias de corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado. Aseguró que su gestión tendrá “cero tolerancia a la corrupción” y que las investigaciones en curso continuarán.
Urioste afirmó que la Fiscalía atraviesa una de las situaciones más críticas de los últimos años y cuestionó que la institución haya quedado asociada a nombres particulares. “Hemos caído lo más profundo de la corrupción que puede tener un Estado de derecho”, sostuvo, al señalar que su prioridad será recuperar la confianza en el Ministerio Público mediante una gestión basada, según dijo, en la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Sobre los allanamientos realizados en Santa Cruz dentro de las investigaciones contra el exfiscal general Róger Mariaca y el exfiscal departamental Alberto Zeballos, informó que se encontraron cajas fuertes, dinero y otros elementos que ahora deberán ser sometidos a investigación. Incluso mencionó que se estaba contabilizando una suma que podría superar el millón de dólares, aunque aclaró que todavía no conoce el monto definitivo ni el origen de esos recursos.
Otro de los puntos anunciados por Urioste es la revisión del sistema Roma, luego de las dudas surgidas en torno al manejo de información dentro de la Fiscalía, particularmente en investigaciones relacionadas con el caso Marset. Dijo que inicialmente se verificará el funcionamiento del sistema y, posteriormente, técnicos especializados realizarán una evaluación. Para este trabajo, adelantó que se contará con cooperación internacional y expertos de organismos con los que Bolivia mantiene acuerdos.
En paralelo, el fiscal interino anunció cambios en las fiscalías departamentales. Explicó que las autoridades fueron invitadas a poner sus cargos a disposición, aunque aclaró que esto no significa una destitución automática. Urioste aseguró que se respetará la institucionalidad de los funcionarios que correspondan y que la reestructuración buscará priorizar los méritos y la experiencia, con la expectativa de definir la próxima semana qué autoridades continuarán en sus funciones.
