Éxito Noticias, 5 de octubre 2026.- Ante la crisis económica que atraviesa el país y el impacto del levantamiento de la subvención al diésel, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó a las autoridades competentes del Estado a adoptar medidas urgentes para proteger el derecho a la alimentación de las familias bolivianas.
El “Monitoreo del acceso a alimentos y su impacto en el ejercicio del derecho a la alimentación en Bolivia”, realizado por la Defensoría del Pueblo en 10 ciudades capitales y El Alto, entre el 31 de julio y el 25 de septiembre de 2026, evidenció que 18 de 21 alimentos básicos registraron incrementos superiores al 100%, llegando algunos a superar el 200%.
Asimismo, el 71% de los hogares considera insuficientes sus ingresos para adquirir alimentos, el 33% redujo el número de raciones diarias y el 76% destina entre el 50% y más del 90% de sus ingresos a la compra de alimentos. El incremento de precios afecta de manera diferenciada a familias en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas personas adultas mayores y personas con discapacidad.
“Hay efectos negativos del levantamiento de la subvención del diésel que llegó a la mesa de la familia boliviana. Existe un incremento desmedido de precios e impacto a la alimentación, porque el presupuesto no alcanza, hay altos índices de reducción consumo esencial, diversas formas de cambios de hábitos alimenticios, y hay un mayor impacto a grupos en situación de vulnerabilidad; y un grado de regresión en el ejercicio del derecho a la alimentación”, afirmó Callisaya.
“Estamos haciendo recomendaciones al Estado y, específicamente, a las autoridades competentes del nivel central, a los Gobiernos Autónomos Departamentales y a los Gobiernos Autónomos Municipales, para que, en el marco de sus respectivas competencias constitucionales y legales, adopten las acciones necesarias frente a esta situación. Como Defensoría del Pueblo realizaremos el seguimiento correspondiente al cumplimiento de estas recomendaciones”, señaló el Defensor del Pueblo.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades competentes del nivel central del Estado adoptar medidas urgentes y diferenciadas para garantizar el acceso a alimentos esenciales, especialmente de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.
A los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales recomienda fortalecer, en el marco de sus competencias, los programas de apoyo y seguimiento a personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. A los Gobiernos Autónomos Municipales recomienda reforzar los controles en mercados respecto al peso, medida, inocuidad y cumplimiento de la normativa aplicable, así como los mecanismos de prevención y denuncia frente al agio, la especulación y el ocultamiento de productos.
A los Concejos Municipales recomienda ejercer sus atribuciones de fiscalización y promover las medidas normativas que correspondan para contribuir al acceso de la población a alimentos esenciales.
La Defensoría del Pueblo realiza desde 2024 un monitoreo continuo del acceso a alimentos, en el marco de la Ley N.º 870, que le faculta a generar alertas tempranas, emitir advertencias y formular recomendaciones ante posibles vulneraciones de derechos.
Ante consultas o denuncias de vulneración de derechos humanos, está habilitada la línea gratuita nacional 800 10 8004 y el WhatsApp 72066067
