Éxito Noticias, 5 de febrero 2026.- La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó este jueves su respaldo a la propuesta de una Ley Antibloqueos, argumentando que la norma es necesaria para proteger las inversiones nacionales y extranjeras, además de mejorar la imagen del país frente a la comunidad internacional. El presidente del gremio, Gonzalo Morales, señaló que Bolivia no puede seguir perdiendo millones de dólares por conflictos sociales que paralizan la economía.
Morales recordó que en la gestión 2025 se registraron múltiples bloqueos de carreteras que ocasionaron pérdidas millonarias. Según datos de la CNI, un solo día de bloqueo genera pérdidas de entre 50 y 60 millones de dólares a nivel nacional, mientras que el sector industrial pierde alrededor de 11 millones de dólares diarios. Estas cifras, dijo, reflejan el impacto negativo que tienen las medidas de presión en la producción, exportaciones y abastecimiento interno.
El dirigente industrial sostuvo que Bolivia debe garantizar seguridad jurídica y estabilidad para atraer inversiones. “El país está en los ojos del mundo, pero la falta de previsibilidad y los bloqueos recurrentes generan desconfianza. Necesitamos una Ley Antibloqueos que dé certeza a los empresarios y a la población”, afirmó. Morales participó recientemente en encuentros internacionales donde constató interés en invertir en Bolivia, aunque con preocupación por los conflictos sociales.
El proyecto de Ley Antibloqueos fue presentado en la Cámara de Diputados en diciembre de 2025 y plantea sancionar los bloqueos de carreteras con penas de hasta 10 años de cárcel y multas económicas. La iniciativa cuenta con el respaldo de empresarios y cámaras departamentales, que consideran que los bloqueos son la principal causa del deterioro económico y de la pérdida de confianza internacional.
Sin embargo, la propuesta también genera controversia. Diversos sectores sociales y sindicales han advertido que la norma podría criminalizar la protesta y limitar derechos constitucionales. Para ellos, los bloqueos son una forma legítima de presión frente a la falta de respuestas del Estado. El debate se centra en cómo equilibrar la protección de la economía y las inversiones con el respeto al derecho a la protesta.
