Éxito Noticias, 7 de septiembre 2026.- El Gobierno autorizó de manera excepcional a las refinerías del país a importar petróleo del exterior para procesarlo y comercializar los combustibles resultantes en el mercado interno, una medida que permitirá habilitar una nueva vía de abastecimiento. Los productos obtenidos a partir del crudo importado serán vendidos sin subvención y a precios de mercado.
La nueva normativa, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, busca incrementar la producción nacional de combustibles y aprovechar al máximo la capacidad de procesamiento de las refinerías. También apunta a garantizar la operatividad del transporte de hidrocarburos por ductos y reducir los costos relacionados con la importación de combustibles ya procesados.
Las refinerías que obtengan autorización podrán comercializar los derivados del petróleo importado a distribuidores mayoristas, grandes consumidores, clientes directos, estaciones de servicio y otros canales. Sin embargo, no podrán decidir por cuenta propia cuánto petróleo importar, ya que los volúmenes serán programados y asignados por el Comité de Producción y Demanda (Prode), tomando en cuenta las necesidades del mercado, la capacidad de transporte y las condiciones de procesamiento de cada planta.
Para definir esas cantidades, el Prode deberá considerar información proporcionada por YPFB, las propias refinerías y otras fuentes. Además, la autorización para importar tampoco será automática: el Ministerio de Hidrocarburos tendrá que establecer, mediante una resolución ministerial, los requisitos y procedimientos que deberán cumplir las empresas ante el ente regulador.
La norma también incorpora otros cambios al sector, entre ellos la eliminación de la alícuota específica del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, permite mezclar los combustibles obtenidos del petróleo importado con aditivos de origen vegetal, nacionales o importados, como el etanol, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente.
