Éxito Noticias, 7 de octubre 2026.- La familia de Pablo Reboso Valencia, el cadete de 18 años de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) que murió en marzo de 2026, volvió a exigir el esclarecimiento de su muerte y denunció presuntas irregularidades en la investigación. Su madre, María Luisa Valencia, sostuvo que su hijo le relató antes de ser entubado que había sufrido agresiones dentro de la academia y que incluso le proporcionó nombres de los presuntos responsables.
Durante una entrevista con radio Éxito, Valencia afirmó que su hijo le contó que varios cadetes lo golpearon, le hicieron tragar gas y lo sometieron a actos que calificó como “inmorales”. Según su relato, Pablo también le proporcionó el nombre de uno de sus presuntos agresores y los apellidos de otros jóvenes. La familia asegura que entregó esta información a las autoridades y que existen audios y otros elementos que respaldarían parte de su denuncia.
La madre cuestionó además el diagnóstico oficial sobre la causa de muerte. La autopsia estableció un shock séptico derivado de una falla multiorgánica asociada a neumonía, mientras que la familia sostiene que una evaluación particular no encontró evidencia de virus o bacterias y cuestiona que la neumonía explique el deterioro que sufrió el joven. Valencia también afirmó que durante la necropsia le extrajeron tejido del conducto anal sin que la familia recibiera información o autorización previa.
Abigail Tapia, hermana de Pablo y abogada de la familia, señaló que inicialmente la Fiscalía abrió una investigación por homicidio, pero posteriormente cambió la figura a homicidio culposo. Según explicó, la familia entregó al Ministerio Público los nombres de seis cadetes que Pablo habría identificado antes de morir y pidió investigar a otros jóvenes de cuarto año de la ANAPOL.
Tapia también denunció presuntas irregularidades en el manejo de pruebas. Afirmó que la familia solicitó el análisis de cámaras de seguridad de la academia y que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) habría demorado durante meses el procesamiento del material. También cuestionó el tratamiento de un teléfono celular que pertenecía a uno de los jóvenes señalados por la familia y pidió revisar las comunicaciones y llamadas relacionadas con el caso.
La hermana de Pablo cuestionó además el trabajo del fiscal que actualmente lleva la investigación. Según denunció, algunos memoriales tardan semanas en aparecer en el sistema y la familia no recibe notificaciones oportunas sobre diligencias como reconstrucciones de los hechos. A su criterio, estas situaciones dificultan el seguimiento del proceso y generan dudas sobre su avance.
Melania Torrico, activista y comunicadora que acompaña a la familia, respaldó la exigencia de una investigación amplia y afirmó que el caso requiere establecer qué ocurrió dentro de la ANAPOL antes de que Pablo ingresara al hospital. Sostuvo que la familia recibió información sobre presuntas agresiones y cuestionó que la institución haya descartado las denuncias de maltrato.
La madre también relató las dificultades que enfrentó durante la hospitalización de su hijo. Aseguró que tuvo que reunir dinero para acceder a la atención médica y denunció que recibió advertencias relacionadas con la presencia de periodistas y autoridades en el hospital. Según su versión, Pablo permaneció inicialmente en un baño mientras esperaba atención y posteriormente ingresó a terapia intensiva, donde los médicos lo entubaron.
La familia sostiene que la atención médica pasó por distintos centros antes de que Pablo llegara a terapia intensiva. Torrico cuestionó ese recorrido y consideró que las instituciones responsables debieron actuar con mayor rapidez ante el deterioro de la salud del joven.
Valencia también recordó que ella, su hija y Torrico enfrentaron un episodio de arresto durante las gestiones para realizar la necropsia en Oruro. Según Torrico, las tres mujeres terminaron en celdas de la FELCC durante esa jornada, situación que calificó como otra irregularidad dentro de la búsqueda de justicia de la familia.
La madre y la hermana anunciaron que presentarán denuncias individualizadas contra ocho personas a las que vinculan con las presuntas agresiones. También pidieron investigar a funcionarios que, según su denuncia, habrían omitido diligencias o no actuaron ante la información proporcionada por la familia.
La investigación mantiene como punto central la determinación de las circunstancias que llevaron al deterioro de la salud y posterior muerte de Pablo Reboso. Mientras la autopsia oficial atribuye el fallecimiento a un shock séptico asociado a neumonía, la familia cuestiona esa conclusión y sostiene que las autoridades deben investigar las denuncias de agresiones dentro de la ANAPOL y establecer si tuvieron alguna relación con la muerte del joven.
La familia insiste en que las distintas versiones deben contrastarse mediante una investigación transparente y con el análisis de todas las pruebas disponibles. “Yo pido por favor a todas las autoridades, con mi mano en mi corazón, por mi hijito, que se haga justicia, que sea transparente todo este proceso”, expresó María Luisa Valencia.
