Éxito Noticias, 15 de octubre 2026.- El Ministerio de Defensa presentó este jueves una querella penal contra cuatro exministros y otras 15 personas por presuntas irregularidades en el proyecto SIDACTA, destinado a implementar un sistema de radares para el control del tránsito aéreo y la defensa del país. La acción fue presentada ante la Fiscalía para que se investiguen las decisiones y actuaciones relacionadas con el contrato, que fue firmado en 2016 por más de 191 millones de euros.
Entre los denunciados figuran los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, además de exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista. El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, informó que los presuntos delitos identificados incluyen contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Según una auditoría interna, el posible daño económico supera los Bs 1.478 millones.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que el contrato no contemplaba únicamente la compra de equipos, sino la entrega de un sistema completo en funcionamiento. “El Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación”, señaló. Sin embargo, los antecedentes de la auditoría identificaron observaciones en 11 de los 13 radares: nueve estaban operativos, pero presentaban observaciones, mientras que dos no funcionaban.
Otro aspecto observado fue la ampliación de los plazos y las condiciones de entrega del proyecto. De acuerdo con los informes, el contrato tuvo siete modificaciones que extendieron el tiempo de ejecución de 31 a 82 meses, mientras que la entrega y demostración final se reportaron aproximadamente 98 meses después de la orden de proceder. Estas observaciones contrastan con el avance físico declarado del 100% y una ejecución financiera del 97,85%, aspectos que deberán ser examinados durante la investigación.
El Ministerio de Defensa anunció que coordinará acciones con la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia para respaldar las investigaciones y proteger los recursos públicos. La cartera aclaró que la presentación de la querella no implica que los denunciados sean culpables y que corresponde a la Fiscalía establecer las responsabilidades individuales. “No habrá encubrimiento. Tampoco habrá condenas anticipadas. Habrá investigación, debido proceso y defensa firme del patrimonio del Estado”, afirmó Justiniano.
