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Gobernación de Tarija espera celeridad en la ejecución de la Ley de copartipación tributaria desde el 2027

Éxito Noticias, 14 de octubre 2026.- La gobernadora de Tarija, María Renée Soruco, espera que la nueva ley de coparticipación tributaria, enmarcada en el modelo 50-50, entre en vigencia desde el 1 de enero de 2027. En contacto con Radio Éxito, informó que las gobernaciones ya cuentan con un borrador del proyecto de ley y que el objetivo es acelerar su presentación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para avanzar en una redistribución de los recursos económicos entre los distintos niveles del Estado.

Soruco explicó que el documento será presentado el 30 de octubre para realizar los últimos ajustes y reunir los informes necesarios antes de su envío al Legislativo, previsto para el 6 de noviembre. “Queremos que esto sea una realidad desde el 1 de enero del 2027”, afirmó la autoridad, al señalar que las gobernaciones buscan concretar la propuesta en los plazos establecidos y contar con una normativa que permita mejorar la disponibilidad de recursos para los departamentos.

La gobernadora sostuvo que actualmente las gobernaciones no reciben una participación directa de los tributos nacionales, mientras que el nivel central administra el 75% de esos ingresos. Según indicó, esta distribución limita la capacidad de los gobiernos departamentales para asumir sus competencias con mayor autonomía. “En la actualidad, los tributos que se pagan, las gobernaciones tienen una participación del 0%, a diferencia de los municipios, de las universidades y del Gobierno Central, que administra el 75% de esos tributos”, manifestó.

En ese contexto, Soruco planteó que una parte de los recursos administrados por el Gobierno central sea transferida a las gobernaciones, con el propósito de fortalecer la gestión departamental y atender las necesidades de la población. Aclaró que la propuesta no busca reducir los ingresos de los municipios. “No vamos a afectar, por supuesto, los ingresos municipales”, aseguró. La iniciativa apunta a modificar la distribución de los recursos públicos para que los departamentos cuenten con mayores posibilidades de financiar sus competencias y proyectos de desarrollo.

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