Éxito Noticias, 16 de julio 2026.- El presidente de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, afirmó que el futuro de las empresas estatales con pérdidas será definido una vez concluyan los análisis técnicos, auditorías y la revisión legal de cada caso. En entrevista con Radio Éxito, señaló que algunas podrán ser reestructuradas por su importancia estratégica o social, mientras que otras podrían cerrarse o incluso ser administradas por el sector privado, aunque advirtió que cualquier decisión implicará procesos legales.
Camacho explicó que, tras el diagnóstico presentado por la OFEP sobre las empresas públicas críticas, la institución entregará un informe completo conforme a lo establecido por ley, el cual servirá de base para las auditorías y las decisiones que adopte el Gobierno. “No es decir: ‘mañana las cerramos’. Estamos desenmarañando todo el tema jurídico, mostrando esa información y les pido paciencia. Algunas pueden reestructurarse, como hablamos de Mi Teleférico, que tiene un fuerte contenido social, ayuda a movilizar a la población, es un atractivo turístico; ahí está, mejoremosla, trabajemos con esperanza”, manifestó.
El director de la OFEP sostuvo que una de las principales dificultades para cerrar o privatizar empresas deficitarias son los obstáculos legales heredados de anteriores administraciones. Explicó que varias plantas estatales ni siquiera cuentan con estudios de preinversión o de factibilidad económica, mientras que otras presentan problemas de propiedad o documentación. Como ejemplo, mencionó el caso de una planta procesadora de papas fritas construida en un terreno privado, además de proyectos que, según dijo, fueron ejecutados sin una planificación adecuada.
Consultado sobre la posibilidad de privatizar algunas empresas, Camacho respondió que esa alternativa podría ser viable, pero advirtió que las autoridades deberán enfrentar posibles procesos judiciales. “El camino más fácil podría ser privatizar, pero hay problemas de orden legal. Después ministros y el Presidente van a tener que enfrentar procesos por las decisiones que se tomen. Si hoy están defendiendo empresas quebradas, imagínese si las cierran; habrá juicios por daño económico, y si no se las cierra, también habrá otro problema”, señaló.
Finalmente, Camacho atribuyó la crisis de varias empresas públicas a decisiones tomadas sin criterios técnicos. Afirmó que muchas fueron creadas de manera “discrecional” y “arbitraria”, citando casos como una procesadora de limón instalada en Potosí, la empresa Quipus y la planta de fertilizantes de Cochabamba, que —según indicó— opera solo al 10% de su capacidad. En ese sentido, aseguró que el objetivo del Gobierno es proteger los recursos públicos mediante decisiones sustentadas en informes técnicos y auditorías, antes de definir el destino de cada empresa estatal.
