Éxito Noticias, 15 de julio 2026.- El dirigente de la Confederación de Jubilados de Bolivia, Rodolfo Ayala, rechazó el Decreto Supremo 5654, que regula los descuentos y retenciones por planilla a servidores públicos y jubilados, y anunció que el sector asumirá acciones legales al considerar que la norma vulnera la Constitución Política del Estado y constituye una injerencia del Gobierno en la vida interna de las organizaciones sindicales.
En una entrevista con radio Éxito, Ayala sostuvo que la disposición también contraviene el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la libertad sindical, al modificar la forma en que se realizan los aportes de los afiliados.
El dirigente cuestionó que el Ejecutivo intervenga en temas relacionados con las cuotas sindicales, al señalar que estos recursos son administrados por dirigentes elegidos democráticamente por las bases y que su manejo es fiscalizado durante los congresos de cada organización.
“El Gobierno está haciendo injerencia en el movimiento sindical. ¿Qué tiene que hacer en la nominación de un directorio o en las decisiones de las bases?”, cuestionó Ayala, al rechazar las declaraciones de autoridades que aseguraron que la medida busca únicamente garantizar que los descuentos sean autorizados de manera voluntaria por cada trabajador.
Asimismo, recordó que las organizaciones sindicales presentan informes económicos ante el Ministerio de Trabajo y que existen mecanismos internos de rendición de cuentas, por lo que consideró innecesaria la intervención del Ejecutivo en este ámbito.
Ayala advirtió que la aplicación del decreto también tendrá efectos económicos para distintas instituciones que reciben recursos provenientes de los aportes sindicales, entre ellas organizaciones de maestros, trabajadores de la salud y otros sectores estatales, cuyos beneficios sociales dependen parcialmente de esas contribuciones.
En ese contexto, anunció que la Confederación de Jubilados acudirá a la vía legal para solicitar la nulidad de la norma y no descartó presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo por presunta vulneración a la autonomía sindical.
El representante de los jubilados también cuestionó que el Gobierno pretenda influir en organizaciones que, afirmó, fueron consolidadas mediante años de lucha social. Incluso comparó la situación con intentos anteriores de debilitar al movimiento sindical y aseguró que esas iniciativas no prosperaron.
Respecto a la situación de la Central Obrera Boliviana (COB), Ayala rechazó las versiones que señalan un debilitamiento de la organización y aseguró que continúa activa. Explicó que actualmente los distintos sectores se encuentran socializando propuestas para participar en las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno, donde plantearán temas relacionados con la seguridad social de corto y largo plazo, además de reformas al sistema previsional.
