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    Mineros cooperativistas rechazan el proyecto del ley antibloqueos y envían una nota al Legislativo

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    Éxito Noticias, 16 de enero 2026.– La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) expresó su rechazo al proyecto de ley antibloqueos, al considerar que vulnera el derecho constitucional a la protesta. A través de una nota enviada a la Asamblea Legislativa, el sector minero manifestó su repudio y exigió respeto a las movilizaciones sociales como instrumento legítimo de reclamo.

    El presidente de Fencomin, Jusue Caricari, afirmó que cualquier intento de criminalizar las protestas constituye un atentado contra la voz del pueblo y la soberanía nacional. “No nos quiten el derecho a la voz y a reclamar”, enfatizó, al tiempo de lamentar que se busquen excusas para calificar al material explosivo como un arma, recordando que históricamente fue utilizado como medio de defensa en tiempos de dictadura.

    Caricari anunció que la federación presentará su postura ante el Senado y otras instancias correspondientes, advirtiendo que no permitirán decretos ni disposiciones que fracturen a los sectores sociales o contravengan la Constitución Política del Estado, así como normativas y resoluciones de organismos internacionales.

    El dirigente minero sostuvo que el proyecto de ley antibloqueos representa un riesgo para la unidad de los sectores productivos y sociales del país, ya que criminaliza prácticas de movilización que han sido históricamente reconocidas como mecanismos de presión legítimos en democracia.

    Fencomin alertó que permanecerán en estado de vigilancia y movilización permanente ante cualquier intento del Parlamento o del Gobierno de aprobar medidas que restrinjan derechos fundamentales. “Este tipo de proyectos no solo afectan a los mineros, sino a todo el pueblo boliviano que necesita ser escuchado”, señaló Caricari.

    Con esta postura, los cooperativistas mineros se suman a otros sectores sociales que han manifestado su rechazo a la iniciativa legislativa, generando un escenario de tensión política en torno al debate sobre el derecho a la protesta y la regulación de las movilizaciones en Bolivia.

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