Éxito Noticias, 17 de enero 2025.- El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor recibió, entre el jueves y viernes, más de 50 denuncias sobre el incremento de pensiones en unidades educativas privadas, informó el viceministerio Jorge Silva.
“Entre ayer (jueves) y hoy día (viernes) hemos recibido más de 50 denuncias a través de la línea gratuita del viceministerio de Defensa del Consumidor, como también a través del WhatsApp”, precisó en declaraciones a radio Panamericana.
Se trata de afiliados a la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Particulares, quienes denunciaron que en algunas unidades educativas en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija emitieron comunicados “sobre algunos cobros adicionales a la pensión escolar en calidad de pagos voluntarios que tendrían que realizar los padres de familia”.
Pero, además, denunciaron que en otras unidades educativas están obligando a los padres de familia a adquirir la indumentaria e incluso la lista de útiles de establecimientos predefinidos. También impusieron marcas de bolígrafos y de otros útiles.
Ante ese escenario, Silva anunció que, en coordinación con el Viceministerio de Educación Regular se realizarán controles conjuntos en los centros educativos “a partir del día lunes”.
Silva recordó que el artículo 93 de la Resolución Ministerial 001/2025 señala que “con el fin de proteger el derecho a la educación y salvaguardar la economía de las familias, se establece que para la gestión educativa 2025 no existirá incremento en las pensiones de las unidades educativas privadas del subsistema de educación regular”.
Poor tanto, las unidades educativas privadas tienen prohibido realizar cualquier cobro adicional a las 10 pensiones anuales, ya sea por reserva de plaza, matrícula o derecho de inscripción, material educativo o gastos administrativos y otros.
También explicó que el artículo 70 dispone que “el uso del uniforme en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio no es obligatorio”.
“Estas disposiciones que están en la resolución ministerial tienen que ser de estricto cumplimiento por las unidades educativas, tanto fiscales como privadas del país”, insistió Silva.
