Éxito Noticias, 6 de abril 2026.- La Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por las recientes decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto al proceso electoral en el departamento de La Paz. La institución académica considera que la proclamación de un ganador sin la realización de la segunda vuelta vulnera mandatos constitucionales y legales, afectando la legitimidad democrática.
El documento señala que la exigencia de mayoría absoluta o reforzada no es una formalidad prescindible, sino una condición esencial de la democracia. En ese sentido, recuerda que tanto la Constitución Política del Estado como la Ley del Régimen Electoral establecen la obligatoriedad de una segunda vuelta cuando ningún candidato alcanza los porcentajes requeridos.
Asimismo, la Carrera de Derecho advierte que la declinatoria de una organización política no extingue la exigencia constitucional de mayoría absoluta. Por ello, cuestiona que el TSE haya proclamado automáticamente a un candidato con apenas el 20% de respaldo, desconociendo la voluntad de los votantes y debilitando el principio de soberanía popular.
El pronunciamiento plantea que, ante una declinatoria, lo que corresponde es habilitar a la tercera fuerza política o convocar a nuevas elecciones, pero nunca proclamar de manera directa a un candidato sin balotaje. Además, se observa que la decisión fue tomada por el TSE y no por el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, lo que constituye una invasión de competencias y podría derivar en la nulidad de los actos posteriores.
La Carrera de Derecho también recuerda que, según la normativa electoral, corresponde a los tribunales departamentales realizar el cómputo y proclamar autoridades electas. En ese marco, la intervención del TSE vulnera la jerarquía funcional del Órgano Electoral Plurinacional y abre un precedente institucional de extrema gravedad.
Finalmente, el pronunciamiento advierte que los hechos descritos afectan los principios de legalidad, seguridad jurídica y representación popular. La alteración de las reglas en pleno proceso electoral, sostiene la institución, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y abre espacios de discrecionalidad incompatibles con el Estado Constitucional de Derecho.
