Éxito Noticias, 12 de octubre 2026.-El presidente Rodrigo Paz rechazó este lunes cualquier intento de bloqueo en el país y afirmó que, aunque la población tiene derecho a protestar y expresar sus demandas, no puede recurrir a medidas que paralicen las actividades y afecten a la economía y a las familias bolivianas.
El mandatario se pronunció ante las advertencias de nuevas movilizaciones y cuestionó a quienes promueven medidas de presión mediante el cierre de carreteras. “Si alguien quiere movilizarse, tiene todo el derecho a la protesta, a levantar la voz. Pero lo que no tiene es el derecho a bloquear”, afirmó.
Paz sostuvo que los bloqueos repercuten directamente en el abastecimiento, los precios de los alimentos y los ingresos de quienes necesitan trabajar diariamente. En ese contexto, cuestionó al expresidente Evo Morales y atribuyó a su gestión, así como a la posterior administración de Luis Arce, parte de los problemas económicos que actualmente enfrenta Bolivia.
“El que quiere bloquear, quiere muerte, quiere que la economía se caiga”, manifestó el jefe de Estado. En lugar de recurrir a medidas de presión, planteó que las diferencias deben resolverse mediante espacios de concertación y diálogo.
Paz también dirigió una advertencia al defensor del Pueblo y le pidió que, además de pronunciarse sobre los conflictos, contribuya a garantizar los derechos de quienes quieren continuar con sus actividades. Señaló que las instituciones deben proteger a las personas que trabajan y buscan solucionar sus diferencias dentro del marco de la ley.
El presidente relacionó este escenario con otro de los principales desafíos que, según afirmó, enfrenta su Gobierno: el avance del crimen organizado internacional. Aseguró que estas estructuras penetraron instituciones durante años y que actualmente el Estado libra una lucha directa para recuperar esos espacios.
“Vamos a salvar Bolivia del crimen organizado”, afirmó Paz, quien recordó las capturas de integrantes de organizaciones internacionales y mencionó nuevamente el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a quien señaló como ejemplo de personas que durante años pudieron desarrollar sus actividades en Bolivia bajo protección.
También hizo referencia a la reciente captura de un presunto integrante de una organización criminal internacional y aseguró que, después de ese operativo, recibió información sobre una amenaza contra su vida. “Aquí el riesgo es para todos”, expresó al señalar que su Gobierno mantendrá las acciones contra estas estructuras.
Paz afirmó que Bolivia buscará apoyo de países vecinos para fortalecer esa ofensiva. Destacó la presencia de autoridades militares de Perú y Paraguay durante el aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana y señaló que su administración trabaja en mecanismos de cooperación internacional contra el crimen organizado.
En el ámbito interno, el mandatario planteó sumar los esfuerzos del Gobierno central, gobernaciones y alcaldías, además de fortalecer la coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Aclaró que, durante el estado de excepción, la Policía mantiene el mando en las tareas de seguridad y las Fuerzas Armadas cumplen funciones de apoyo.
“La Policía Boliviana es la que tiene mando. Las Fuerzas Armadas generan apoyo y respaldo”, precisó.
Paz sostuvo que aumentar únicamente el presupuesto o el número de efectivos no resolverá los problemas de seguridad. Como ejemplo, señaló que Santa Cruz pasó de contar con aproximadamente 4.600 policías en 2017 a alrededor de 6.100 actualmente, pero cuestionó si ese incremento produjo una mejora suficiente.
“¿O es el sistema el que tenemos que cambiar?”, preguntó el mandatario, al insistir en que su administración pretende modificar la forma en que las instituciones responden ante la inseguridad.
El presidente extendió sus cuestionamientos al sistema de justicia y al Ministerio Público, al que acusó de haber permitido prácticas de extorsión y de no brindar respuestas adecuadas a gran parte de la población. Recordó además situaciones de violencia contra las mujeres para argumentar que las deficiencias institucionales también afectan a ciudadanos que buscan acceder a la justicia.
Paz aseguró que la estrategia gubernamental no pretende resolver únicamente los problemas de una región, sino responder a una amenaza que, según dijo, alcanza a los nueve departamentos. “Hay que salvar a los nueve departamentos que están siendo acosados por el crimen organizado internacional”, sostuvo.
Asimismo, defendió un modelo basado en producción, crecimiento y fortalecimiento institucional frente a los bloqueos, la confrontación política y las organizaciones criminales. “No puede depender del narcoterrorismo. No puede depender del bloqueo. No puede depender de temas ideológicos”, concluyó.
