Éxito Noticias, 13 de noviembre 2026.- El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz reclama una propuesta concreta para avanzar hacia una nueva distribución de los recursos públicos y cuestiona que el Gobierno central plantee una asignación del 1%, cuando la agenda 50-50 establece como objetivo alcanzar una mayor participación de las regiones en los ingresos que genera el país. El vocero de la Gobernación cruceña, Rolando Schrupp, sostuvo que las negociaciones todavía no muestran avances y advirtió que el presupuesto para 2027 tampoco contempla esta redistribución.
Schrupp explicó a radio Éxito que la agenda 50-50, suscrita en Sucre entre el presidente Rodrigo Paz y los gobernadores, busca modificar el actual esquema de distribución tributaria y avanzar hacia una estructura estatal menos centralizada. Aclaró que la propuesta no consiste simplemente en entregar más dinero a las gobernaciones, sino en definir qué nivel de gobierno administra los recursos públicos y tiene capacidad para atender las necesidades de la población.
Como antecedente, recordó que el modelo establecido en la década de 1990 distribuyó el 25% de los recursos coparticipables entre municipios y universidades, mientras que el 75% quedó bajo administración del Gobierno central. Frente a ese esquema, explicó que la propuesta de las gobernaciones plantea incorporar un 15% de retorno de los impuestos recaudados en las regiones para financiar las competencias departamentales.
Ese porcentaje permitiría atender áreas como salud, educación, caminos y seguridad, cuyas responsabilidades, según Schrupp, quedaron desfinanciadas después de la reducción de los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La propuesta también contempla una transición gradual que permita alcanzar el 40% de distribución regional y avanzar posteriormente hacia el 50%, mediante una redistribución que incluya a municipios, universidades y pueblos indígenas.
“Estamos peleando quién administra los recursos de la población”, afirmó el vocero, al rechazar que la discusión se presente como una disputa entre regiones y el nivel central por conseguir mayores asignaciones presupuestarias. Sostuvo que los impuestos pertenecen a la población y que el debate debe centrarse en qué instancia tiene mejores condiciones para administrar esos recursos y resolver los problemas de cada territorio.
En ese sentido, defendió que las gobernaciones y los municipios cuenten con mayor capacidad de decisión para atender las necesidades locales sin depender de autorizaciones de funcionarios del Gobierno central. Como ejemplo, mencionó las dificultades para ejecutar obras de prevención ante posibles emergencias por lluvias, debido a que las regiones deben gestionar recursos y decisiones ante autoridades nacionales que, en muchos casos, desconocen las características de los lugares donde se necesitan las intervenciones.
Schrupp señaló que la concentración de recursos en el nivel central retrasa la atención de demandas básicas como el acceso al agua potable, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, la educación y los sistemas de protección ante inundaciones. A su criterio, una distribución más equilibrada permitiría que las autoridades locales respondan directamente a las necesidades de sus habitantes.
La propuesta de las gobernaciones también contempla una fórmula de distribución que no dependa exclusivamente de la cantidad de habitantes de cada región. Schrupp explicó que el cálculo debería considerar tres criterios: población, aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y necesidades básicas insatisfechas. Con ese mecanismo, afirmó, se evitaría perjudicar a departamentos y municipios con menor población, pero con importantes carencias en servicios e infraestructura.
El vocero sostuvo que la Gobernación de Santa Cruz rechazó la posibilidad de aceptar una asignación del 1%, porque considera que no responde al objetivo del 15% planteado para las gobernaciones. Sin embargo, afirmó que existe disposición para negociar una aplicación gradual y definir los mecanismos técnicos que permitan avanzar hacia una nueva distribución.
También cuestionó la falta de una fecha para retomar las reuniones entre el Gobierno central y las autoridades subnacionales. Según el cronograma que mencionó, las partes debían alcanzar un entendimiento hasta el 6 de noviembre para concretar un acuerdo el 18 de noviembre en Trinidad, durante los actos por el aniversario del departamento del Beni. Schrupp atribuyó el retraso a las diferencias sobre los recursos y acusó a funcionarios del nivel central de obstaculizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
A esas observaciones sumó el presupuesto de 2027, que, según indicó, no incorpora la propuesta de coparticipación 50-50. Consideró que esta ausencia contradice los anuncios del presidente Rodrigo Paz y de autoridades del área de Autonomías sobre la necesidad de democratizar la administración estatal.
“¿De qué sirve una negociación si ya está cerrado el presupuesto?”, cuestionó. Schrupp planteó que la falta de inclusión del tema en la planificación presupuestaria genera dudas sobre la voluntad de concretar los compromisos y advirtió que las autoridades nacionales podrían estar transmitiendo un discurso distinto al que aplican los funcionarios encargados de elaborar y ejecutar las decisiones administrativas.
No obstante, el vocero diferenció la posición del presidente de la actuación de otros niveles de la administración pública. Señaló que Paz manifestó su respaldo a la agenda 50-50, pero consideró que la burocracia estatal y los funcionarios que buscan preservar sus espacios de poder dificultan el avance de la propuesta. También sostuvo que las gobernaciones no deberían limitarse a participar en reuniones institucionales, sino que esperan decisiones concretas y modificaciones en la distribución de los recursos.
Schrupp aseguró que la agenda 50-50 no representa una reivindicación exclusiva de Santa Cruz, sino una demanda que comparten las gobernaciones y los municipios del país. Argumentó que los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Beni también necesitan mayor capacidad financiera para atender sus provincias y comunidades.
“Esto es la reestructuración del poder político en Bolivia”, afirmó al explicar que la propuesta busca trasladar decisiones y recursos hacia las instituciones más próximas a la población. En su criterio, el actual modelo mantiene una dependencia de las autoridades nacionales que limita la capacidad de respuesta de los gobiernos subnacionales.
La Gobernación cruceña espera que el Ejecutivo convoque a un nuevo encuentro y presente mecanismos concretos para avanzar en la redistribución. Schrupp insistió en que el objetivo final debe ser garantizar que los recursos públicos lleguen a los territorios y permitan resolver necesidades básicas, más allá de los compromisos políticos o las reuniones entre autoridades.
