Éxito Noticias, 13 de noviembre 2026.- Bolivia podría dejar de contar con suficiente producción propia de gas natural para cubrir su demanda y comenzar a depender de las importaciones desde 2030 si no consigue reactivar la exploración y desarrollar nuevos yacimientos. El vicepresidente de Fiscalización y Contratos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Ríos Urquidi, advirtió que el país enfrenta una caída sostenida de su producción y planteó la aprobación urgente de una nueva Ley de Hidrocarburos para atraer inversiones y evitar que la crisis se profundice.
“Nosotros tenemos una sola oportunidad. No podemos cometer un error y tener un modelo de ley de hidrocarburos que no atraiga la inversión”, sostuvo Ríos durante la presentación del plan de exploración y explotación de la estatal. La autoridad señaló que la nueva normativa debe ofrecer seguridad jurídica, modificar el rol de YPFB y generar condiciones para que las empresas inviertan tanto en la búsqueda de nuevos yacimientos como en el desarrollo de los campos existentes.
El panorama que describió refleja la magnitud del retroceso del sector. Bolivia pasó de producir alrededor de 60 millones de metros cúbicos diarios de gas natural en 2014 y 2015 a unos 25 millones actualmente. La tendencia apunta a que en 2030 la producción nacional podría igualar la demanda interna, lo que dejaría al país sin excedentes para sostener las exportaciones y abriría la posibilidad de importar gas para cubrir sus necesidades.
Ríos aclaró que este escenario no significa que los hogares necesariamente se quedarán sin combustible o que Bolivia perderá de inmediato su capacidad de generar electricidad. Explicó que el consumo interno alcanza aproximadamente 15 millones de metros cúbicos diarios y se distribuye entre la generación eléctrica, el suministro por redes domiciliarias y comerciales, y las grandes industrias.
La generación eléctrica utiliza cerca del 70% de gas natural dentro de su matriz energética, pero representa entre el 30% y el 35% de la demanda total de este combustible en el mercado interno. Ese segmento consume alrededor de cuatro millones de metros cúbicos diarios. Otros volúmenes abastecen a los hogares, comercios y pequeñas industrias mediante las redes de distribución, mientras que cerca de cinco millones de metros cúbicos diarios corresponden a grandes consumidores industriales conectados directamente al sistema de transporte.
Por esa distribución, Ríos anticipó que las grandes industrias podrían enfrentar primero la necesidad de buscar proveedores externos. Estas empresas tendrían que importar gas, posiblemente desde Argentina, y pagar precios superiores a los que actualmente rigen en el mercado boliviano. El ejecutivo mencionó como referencia los volúmenes provenientes de Vaca Muerta y advirtió que el costo de ese combustible podría ser mayor.
La dependencia de las importaciones también representaría un cambio en la posición energética del país. Bolivia, que durante años exportó gas a Argentina y Brasil y obtuvo importantes ingresos por esas ventas, podría convertirse en comprador del mismo recurso para abastecer su mercado interno. La caída de la producción no solo comprometería las exportaciones, sino que también reduciría la disponibilidad de gas para las actividades industriales y energéticas.
Ante ese riesgo, YPFB considera indispensable cambiar las condiciones que regulan el sector. Ríos atribuyó el deterioro de la industria a un modelo que priorizó la explotación de los campos existentes sin impulsar al mismo ritmo la exploración y la reposición de reservas. “2,3 TCF es una cifra que resulta bastante difícil de digerir, es una cifra que sin duda es preocupante”, manifestó al referirse a las reservas probadas certificadas por la estatal.
La propuesta de una nueva ley busca atraer inversiones privadas y permitir que los proyectos exploratorios avancen con mayor rapidez. Ríos explicó que YPFB identificó alrededor de 15 prospectos con posibilidades de perforación y otros 19 proyectos que todavía necesitan estudios geológicos para definir los puntos de exploración. Estos últimos podrían aportar cerca de 2 TCF de recursos, aunque todavía requieren mayor desarrollo y confirmación.
La estatal también pretende incorporar a la producción recursos contingentes por aproximadamente 0,7 TCF y desarrollar reservas probadas no desarrolladas que alcanzan unos 0,3 TCF. Estos volúmenes corresponden a hidrocarburos ya identificados, pero que todavía no ingresan a producción por dificultades técnicas, económicas o comerciales.
Entre los proyectos exploratorios, Ríos destacó Domo Oso X3, ubicado en el Subandino Sur, cuyo potencial estimado alcanza 2,7 TCF. Según el ejecutivo, si la perforación confirma los recursos calculados, el proyecto podría duplicar las reservas actuales de gas del país. También mencionó el potencial de Mayaya, en el Subandino Norte, con recursos estimados en 1,83 TCF, además de proyectos en la Llanura Chaqueña y la cuenca Madre de Dios.
Sin embargo, el desarrollo de esos recursos no será inmediato. Ríos explicó que algunos proyectos contingentes podrían ingresar a producción en un año, mientras otros necesitarían hasta tres años de trabajo. En cambio, los prospectos exploratorios requieren perforaciones, estudios y etapas adicionales antes de convertirse en reservas comercialmente explotables.
YPFB calcula que, si consigue incorporar los recursos probables, posibles y contingentes, podría extender la curva de producción hasta 2035. Si además concreta los proyectos exploratorios y confirma nuevos descubrimientos, la producción nacional podría prolongarse hasta 2046. Estas proyecciones dependen de que la estatal y las empresas operadoras ejecuten las inversiones y conviertan los recursos identificados en reservas efectivas.
Para avanzar, Ríos informó que siete áreas están en etapa de estudios precontractuales, tres atraviesan gestiones para suscribir contratos, una se encuentra en negociación de un nuevo contrato de servicios petroleros y otras seis esperan la autorización de la Asamblea Legislativa para iniciar actividades exploratorias.
La propuesta económica contempla alrededor de 440 millones de dólares para proyectos de explotación y 1.660 millones para exploración. Con esas inversiones, YPFB pretende elevar las reservas probadas de gas de 2,3 a 4 TCF y reactivar la actividad hidrocarburífera. Ríos sostuvo que, aunque el incremento de la producción no será inmediato, el ingreso de capitales podría generar movimiento económico y divisas desde las primeras etapas.
El ejecutivo insistió en que la nueva Ley de Hidrocarburos debe aprobarse en el corto plazo para evitar que el país pierda tiempo mientras continúa la declinación de los campos. La advertencia de YPFB apunta a que, sin cambios normativos, inversiones y nuevos descubrimientos, Bolivia podría llegar a 2030 sin producción suficiente para cubrir su propio consumo y con la necesidad de recurrir al gas importado.
