Éxito Noticias, 18 de septiembre 2026.– El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, defendió la ampliación del estado de excepción y sostuvo que la medida busca evitar nuevas jornadas de bloqueos y preservar las condiciones necesarias para reactivar el aparato productivo del país. Sus declaraciones se producen luego de que la Asamblea Legislativa aprobara por 90 días adicionales la medida, en un contexto marcado por la crisis económica y el debate sobre el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En contacto con radio Éxito, Bascopé afirmó que Bolivia viene de “cincuenta y tres días muy duros de bloqueo” y señaló que, después de atender parte de las demandas sociales, el Gobierno identificó a grupos que, según su versión, dejaron de plantear reivindicaciones sectoriales y asumieron posiciones orientadas a generar una confrontación política.
“Lo que necesitamos es trabajar, y que el aparato productivo se reactive”, sostuvo el ministro, quien presentó el estado de excepción como un mecanismo destinado a preservar la paz social y facilitar el diálogo con los sectores que mantienen demandas.
La autoridad también relacionó la situación social con la crisis de los combustibles y cuestionó el esquema de subvención que mantiene el Estado. Según Bascopé, el problema no se limita al costo fiscal de la medida, sino que también involucra redes de contrabando que, afirmó, se beneficiaron durante años de la diferencia entre el precio de compra internacional y el precio interno.
Para explicar su argumento, planteó el ejemplo de las cisternas que salen con combustible para abastecer al mercado nacional. “Enviamos diez cisternas de gasolina para que abastezcan al ciudadano, a la ciudadanía, de esos diez, cinco llegan a su lugar para el mercado y cinco desaparecen”, afirmó.
Posteriormente, aseguró que el Gobierno detectó que incluso los mecanismos de control enfrentan dificultades para contener ese fenómeno. “Nosotros nos estamos desangrando, son cincuenta y cinco millones de dólares por semana la subvención a los hidrocarburos”, afirmó Bascopé, al referirse al costo que atribuye al actual esquema.
El ministro sostuvo que esos recursos podrían destinarse a infraestructura y servicios públicos. Como ejemplo, comparó el monto semanal de la subvención con inversiones necesarias para hospitales, escuelas y carreteras, y argumentó que el Estado debe modificar la forma en que utiliza sus recursos.
En ese contexto, Bascopé defendió las medidas económicas que impulsa la administración de Rodrigo Paz y sostuvo que el Gobierno busca “ordenar la casa” después de años de déficit y menor disponibilidad de ingresos provenientes de los hidrocarburos. También cuestionó a las anteriores administraciones del Movimiento Al Socialismo por no haber destinado, según su versión, una mayor parte de los ingresos de la bonanza gasífera a la exploración y explotación de nuevos campos.
El ministro vinculó además la situación actual con la disminución de las exportaciones de gas y con la menor disponibilidad de recursos para el Estado. Afirmó que esta realidad limita la capacidad del Gobierno para mantener políticas que demandan grandes cantidades de recursos públicos.
Sus declaraciones se producen mientras la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que autoriza un financiamiento de aproximadamente $us 1.900 millones del FMI. El proyecto pasó al Senado y, según la información oficial, el crédito busca contribuir a la estabilización económica, fortalecer las reservas internacionales y reducir el déficit.
Sobre el futuro de los combustibles, Bascopé señaló que el Gobierno analiza medidas para reducir el gasto y ajustar el esquema vigente. “Estamos tomando ciertas medidas, viendo la posibilidad de hacerlo más austeros”, afirmó, sin detallar durante la entrevista una fecha concreta para una eventual modificación general de los precios.
