Éxito Noticias, 1 de julio 2026.- El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, informó este miércoles que el Órgano Ejecutivo no ha enviado ningún proyecto de ley referido a la designación interina de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La autoridad aclaró que, a la fecha, se identifican al menos seis proyectos de ley en tratamiento dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente en la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia Plural, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los cuales abordan distintas alternativas para la administración del sistema judicial.
“Nosotros conocemos de seis proyectos a la fecha, todos tienen diferentes aristas”, señaló Santa María, al mencionar que algunas propuestas plantean elecciones judiciales, la habilitación de suplentes y ajustes técnicos aún en debate.
El viceministro remarcó que el Ejecutivo esperará la oficialización y conclusión del tratamiento de dichas iniciativas legislativas para fijar una posición institucional. “Cuando esos proyectos sean oficializados, el gobierno tendrá una posición”, indicó.
Santamaría sostuvo además que la prioridad del Gobierno es garantizar el funcionamiento pleno del Órgano Judicial y el acceso a la justicia para los ciudadanos, especialmente para litigantes que enfrentan retrasos en sus procesos. “Son los ciudadanos los que esperan con preocupación el señalamiento de sus audiencias”, afirmó.
En ese marco, señaló que cualquier decisión debe considerar principios como la independencia judicial, el acceso a la justicia y la continuidad institucional, descartando que exista una definición anticipada sobre el mecanismo de designación de autoridades judiciales.
Asimismo, el viceministro calificó como especulaciones las versiones sobre un eventual proyecto del Ejecutivo en esta materia y reiteró que el debate se encuentra en el ámbito legislativo.
De igual manera, exhortó a priorizar el diálogo entre las instituciones del Estado para resolver las diferencias en torno al tema judicial, evitando medidas de presión y garantizando soluciones dentro del marco institucional.
