Éxito Noticias, 17 de agosto 2026.- El Gobierno nacional y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) acordaron instalar una mesa de trabajo el 28 de agosto, donde se abordarán las principales demandas económicas y competenciales de los municipios. El encuentro se realizará a las 11:00 en el Ministerio de la Presidencia y contará con la participación de alcaldes de ciudades capitales, representantes de la FAM, ministros y equipos técnicos del Ejecutivo.
El presidente de la FAM y alcalde de Tarija, Johnny Torres, adelantó que uno de los temas centrales será el debate sobre el 50-50 y la distribución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). También plantearán una posible redistribución de competencias para que las responsabilidades que asumen los gobiernos municipales estén acompañadas de los recursos necesarios para cumplirlas.
Otro de los pedidos será buscar una solución a las deudas y débitos automáticos que enfrentan los municipios, entre ellas obligaciones con la Caja Nacional de Salud, ENDE y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Torres aclaró que las alcaldías no pretenden dejar de pagar, sino refinanciar sus obligaciones para reducir la presión mensual sobre sus presupuestos y contar con mayor margen para atender las necesidades de la población.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señaló que el encuentro permitirá definir los alcances de los temas que ya fueron planteados y destacó que el Gobierno busca avanzar hacia “pasos sustantivos conducentes al federalismo”. Explicó que el debate del 50-50 no debe limitarse únicamente a repartir recursos, sino que debe incluir una revisión de las finanzas públicas, las competencias territoriales y la capacidad de los gobiernos subnacionales.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, destacó que la coordinación con los municipios forma parte de una agenda nacional que también incluye la Ley de Inversiones y los nuevos recursos incorporados al Presupuesto General del Estado. De esta manera, el Gobierno busca ampliar el diálogo iniciado con los gobernadores y avanzar con los alcaldes en una discusión que, según Aramayo, deberá definir cómo mejorar servicios como salud, educación y servicios básicos, además de impulsar la actividad económica en las regiones.
