Éxito Noticias, 14 de septiembre 2026.- El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Javier Ángel Ch. M. y Lidia A. por el presunto delito de incumplimiento de contrato, dentro de la investigación por el proyecto de “Producción de Miel en Trece Comunidades del Trópico de la Provincia Bautista Saavedra”, en La Paz. La Fiscalía anunció que solicitará la pena máxima de ocho años de prisión para ambos acusados.
El fiscal Diego Cortez explicó que los dos sindicados son considerados autores del hecho, debido a que, según la investigación, tuvieron participación activa tanto en la recepción de los recursos como en el incumplimiento del contrato. El delito está contemplado en el artículo 222 del Código Penal y establece una sanción de entre tres y ocho años de cárcel. Actualmente, ambos cumplen detención preventiva: Javier Ángel Ch. M. en el penal de San Pedro y Lidia A. en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
Uno de los principales elementos del proceso es el desembolso de aproximadamente Bs 600.000 del Fondo Indígena para ejecutar el proyecto de producción de miel en 13 comunidades. Sin embargo, Cortez señaló que hasta la fecha no se habría concretado la producción ni la capacitación prevista para los beneficiarios. “Lastimosamente hasta el día de hoy no ha habido ni la producción de miel, ni la formación correspondiente para cada productor”, afirmó el fiscal.
La investigación, sin embargo, todavía no está cerrada y podría alcanzar a otras personas. Cortez informó que se continúa analizando la participación de la exdiputada Lidia Patty y de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien se encuentra prófuga. “No descartamos la participación de absolutamente nadie”, sostuvo el fiscal, al señalar que se debe establecer el grado de responsabilidad de cada involucrado.
Respecto al expresidente Luis Arce, quien también cumple detención preventiva por este caso, Cortez aclaró que su eventual convocatoria a declarar no está descartada si aparecen elementos que lo ameriten. Con la acusación formal, ahora corresponde que la autoridad judicial realice el sorteo del caso para definir el juzgado o tribunal que llevará adelante el juicio oral, público y contradictorio.
