Éxito Noticias, 8 de octubre 2026.- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) detectó una operación de minería ilegal de oro en la cuenca del río Tagoni, en el municipio de Pocoata, provincia Chayanta, al norte de Potosí. Durante una inspección a tres áreas mineras, identificó aproximadamente 100 excavadoras nuevas, 200 volquetas y unas 500 personas dedicadas a la extracción y procesamiento de minerales, según informó el director ejecutivo nacional de la entidad, Jaime José Sanabria.
El operativo permitió verificar que en los terrenos se realizaban labores de lavado y concentración de minerales, además de contar con equipos de procesamiento y campamentos improvisados. Sanabria explicó que las tres áreas inspeccionadas, dos vinculadas a empresas y una a una cooperativa, no contaban con autorización para desarrollar actividades mineras ni con licencia ambiental, por lo que sus operaciones eran ilegales.
Para dimensionar el alcance de la explotación, la autoridad señaló que las 200 volquetas podrían transportar unas 4.000 toneladas de material mineralizado por día, considerando un viaje diario por vehículo. Bajo una estimación mínima de un gramo de oro por tonelada, calculó que la actividad podría generar alrededor de cuatro kilogramos de oro diarios, equivalentes a unos 120 kilogramos al mes y cerca de 1,4 toneladas al año. Según Sanabria, la explotación se desarrolla desde hace seis años sin el pago de regalías ni impuestos y sin cumplir las obligaciones de protección ambiental.
El director de la AJAM advirtió que intervenir este tipo de operaciones requiere la participación coordinada de las Fuerzas Armadas, la Policía y los gobiernos municipales y departamentales, debido a la magnitud de la actividad y la cantidad de personas involucradas. Asimismo, sostuvo que más del 80% de la minería en Bolivia sería informal, lo que, según afirmó, limita los ingresos que el Estado percibe por esta actividad. La comisión desplazada al lugar contaba con personal técnico y administrativo y un equipo de seguridad, por lo que Sanabria remarcó la necesidad de reforzar el apoyo institucional para enfrentar la minería ilegal.
