Éxito Noticias, 25 de agosto 2026.- La actividad minera ilegal que se prolongó durante más de un año en el municipio de La Asunta, en los Yungas de La Paz, no solo habría provocado daños ambientales y afectado cultivos, viviendas y puentes, sino que también estaría generando consecuencias en la salud de la población, según denunció Fernando Huacote, secretario general de la Federación Única Especial de Trabajadores Campesinos de La Asunta.
Huacote afirmó, en contacto con radio Éxito, que las organizaciones campesinas denunciaron durante meses la presencia de actividades mineras sin obtener una respuesta efectiva de las autoridades. Según su relato, la explotación habría ocasionado la desviación del río Boopi, derrumbes y daños en terrenos agrícolas, además de poner en riesgo la seguridad de algunas viviendas y estructuras.
“Ya bastante tiempo hemos ido denunciando la explotación minera ilegal”, sostuvo el dirigente, al señalar que las actividades se habrían extendido por más de un año pese a las denuncias presentadas ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Gobernación de La Paz y el municipio.
El dirigente explicó que el movimiento de tierras y la acumulación de material en inmediaciones del río Boopi provocaron cambios en el curso del agua, situación que habría afectado a familias y zonas productivas.
Entre los sectores perjudicados mencionó la urbanización Río Seco, donde algunas viviendas quedaron en condiciones inestables, además de plantaciones y terrenos que fueron afectados por el desborde y la desviación del río.
También alertó sobre el riesgo que enfrenta el puente San Antonio, que, según indicó, presenta una abertura de aproximadamente 10 centímetros.
“Dos días de lluvia ha ocasionado todo este destrozo. Nos imaginamos qué va a pasar en tiempo de lluvia”, manifestó.
La situación, según el dirigente, también tiene repercusiones en la salud de las familias debido a la contaminación de fuentes de agua y la alteración del entorno donde viven y producen los comunarios.
Tras las acciones asumidas por las organizaciones sociales para intervenir las zonas donde operaban los mineros, Huacote denunció que los dirigentes comenzaron a recibir amenazas y advertencias de procesos judiciales.
“Estamos siendo amenazados como dirigentes”, afirmó, y responsabilizó a la AJAM ante cualquier eventual agresión o detención de los representantes campesinos que participaron en las acciones contra la minería ilegal.
El dirigente sostuvo que existe preocupación porque, en su criterio, quienes denuncian las actividades irregulares podrían terminar enfrentando procesos, mientras que los responsables de la explotación no recibirían sanciones.
“Cualquiera detención, nosotros estamos culpando a la AJAM”, advirtió.
Huacote también rechazó que el conflicto sea presentado como una disputa entre comunarios. Aseguró que la movilización responde a una decisión de las organizaciones campesinas de La Asunta frente a la presencia de empresas y ciudadanos extranjeros vinculados, según denunció, con la actividad minera.
Ante la falta de respuestas, el cabildo realizado el domingo determinó declarar al municipio en estado de emergencia y establecer medidas para impedir que continúen las actividades mineras ilegales.
Las organizaciones también determinaron decomisar maquinaria utilizada en los trabajos y mantenerla bajo custodia de la federación y las centrales campesinas, además de exigir que se reparen los daños ocasionados a las familias afectadas.
Entre las resoluciones adoptadas figuran la exigencia de un informe técnico, el inicio de acciones penales, la asignación de recursos del POA para atender los daños, la declaratoria de personas no gratas para ciudadanos chinos señalados de participar en estas actividades, la renuncia de funcionarios de la AJAM y la exigencia de declarar a La Asunta como un municipio libre de minería.
El dirigente indicó que esperarán hasta este viernes para conocer si existe una respuesta de las autoridades. En caso contrario, anunció el traslado de una comisión a La Paz para exigir el cumplimiento de las determinaciones del cabildo.
Huacote cuestionó además que la AJAM argumente limitaciones operativas para atender las denuncias de minería ilegal. La entidad informó que actualmente dispone de tres vehículos para atender denuncias y procesos en todo el país.
“Al parecer, estas empresas ilegales tienen más poder que la JAM”, cuestionó el dirigente, al afirmar que durante el último año las organizaciones presentaron documentación y denuncias sin que la institución se hubiera trasladado al lugar para verificar los daños.
La dirigencia campesina sostiene que no permitirá que las actividades mineras continúen en La Asunta y advierte que, de no obtener respuestas, podrían asumir nuevas medidas de presión. Mientras tanto, también demandó garantías para los dirigentes que participaron en la intervención de los campamentos y que ahora, según denuncian, son objeto de amedrentamiento.
