Éxito Noticias, 25 de agosto 2026.- El debate por el Decreto Supremo 5676 tomó un nuevo rumbo este martes después de que el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, reconociera que la aplicación de la norma está generando dificultades entre los sectores productivos. Durante una reunión en Yapacaní, la autoridad sostuvo que la disposición debe ser revisada porque, a su criterio, no consiguió el resultado que se buscaba.
“Está generando muchos problemas”, afirmó Paredes al referirse al decreto y señaló que ya comunicó esta situación al gabinete. Aunque no anunció formalmente una decisión, sostuvo que la norma “no puede quedar como está” y planteó como alternativas su modificación, derogación o abrogación.
Paredes afirmó que, desde su percepción, el decreto “no ha cumplido su objetivo” y señaló que esta situación ya fue comunicada al gabinete. “Sí lo quiere, sea derogar, abrogar, modificar, pero no puede quedar como está. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su objetivo”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de que la normativa sea revisada.
Según explicó el viceministro, la intención de la disposición era permitir que los grandes consumidores puedan traer su propio diésel, mientras se garantizaba el combustible subvencionado para los pequeños productores. Sin embargo, reconoció que la aplicación de la medida presentó dificultades y terminó generando preocupación entre los sectores que dependen del carburante para sus actividades.
El Decreto Supremo 5676 establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel sin subvención para determinados consumidores que superan los 120 litros mensuales. En Yapacaní, Paredes se reunió con productores junto al vicepresidente de Operaciones de YPFB, Víctor Hugo Blacut, y planteó además garantizar el abastecimiento en las zonas productivas, respaldar la instalación de una refinería y agilizar la autorización de una estación de servicio que lleva más de dos años en trámite.
Las declaraciones surgieron en un contexto de tensión, debido a que sectores sociales y productivos de Yapacaní amenazaron con iniciar bloqueos contra el decreto, mientras un contingente policial y militar fue desplazado al municipio.
