Éxito Noticias, 9 de julio 2026.- El diputado de Libre, Armin Lluta, aseguró que el proyecto de ley para la regularización de vehículos indocumentados no será retirado, pese a las críticas surgidas dentro y fuera del país. La autoridad afirmó a radio Éxito que la iniciativa continuará su curso legislativo y será modificada para incorporar observaciones técnicas y reforzar los mecanismos de control.
Las declaraciones surgen después de que el diputado Germain Caballero señalara que el proyecto sería retirado. Sin embargo, Lluta desmintió esa versión y sostuvo que se trata de una interpretación personal, ya que, como proyectista de la norma junto al diputado Reinaldo Seas, mantiene la decisión de continuar con su tratamiento.
Según explicó, la propuesta ya fue registrada con el número 494 y actualmente se encuentra en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas. Indicó que esa instancia devolvió el documento para que se incorporen correcciones y mejoras antes de que continúe su tratamiento legislativo.
Lluta precisó que una de las principales modificaciones apunta a fortalecer los controles para impedir la regularización de vehículos robados. En ese marco, anunció la incorporación de mecanismos de verificación informática y el intercambio de información entre la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), la Interpol, Diprove, Dircabi y el Certificado de Registro Técnico (CERTEC).
El legislador sostuvo que el objetivo es cruzar información sobre el número de chasis, modelo, color y documentación de cada motorizado, con el fin de identificar aquellos con denuncias de robo y devolverlos a sus propietarios o a sus países de origen. Asimismo, aclaró que el proyecto contempla únicamente la regularización de vehículos que hubieran ingresado al territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2026, descartando cualquier posibilidad de beneficiar a motorizados introducidos posteriormente.
Respecto a las críticas provenientes de Chile, donde el diputado Sebastián Videla anunció gestiones ante organismos internacionales para frenar la iniciativa, Lluta afirmó que buscará un acercamiento con el legislador chileno para explicar el alcance del proyecto. Aseguró que Bolivia no pretende convertirse en un destino para vehículos robados y que la norma busca precisamente identificar aquellos con origen ilícito.
El diputado también defendió la necesidad de debatir la propuesta al considerar que existe un problema estructural relacionado con los vehículos indocumentados que circulan en el país. Señaló que estos motorizados consumen combustibles subvencionados sin aportar al Estado y que, al carecer de registro y seguro obligatorio, generan perjuicios económicos y problemas de responsabilidad cuando ocurren accidentes de tránsito.
En ese contexto, afirmó que la regularización permitiría generar ingresos para el Estado mediante el cobro de un aporte económico, cuyos recursos, según el proyecto, serían destinados en un 40% a salud y educación en los municipios y el 60% restante a infraestructura vial y mantenimiento de caminos.
Frente a las observaciones expresadas por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien advirtió que legalizar vehículos ilegales representaría un “riesgo moral”, Lluta manifestó que la iniciativa será socializada con diferentes sectores, incluidos empresarios, transportistas, autoridades del Ejecutivo y representantes de países vecinos, con el objetivo de construir consensos y mejorar el contenido del proyecto.
De igual forma, reconoció que la situación del abastecimiento de combustibles es una preocupación nacional y admitió que la eventual regularización de vehículos debe analizarse junto con otras medidas estructurales. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar la legislación sobre hidrocarburos y avanzar en un plan de reactivación económica, aunque insistió en que el proyecto de regularización continuará su curso y no será retirado.
