Éxito Noticias, 28 de junio 2026.- El Gobierno aseguró este domingo que no existe un incremento general en las tarifas de agua potable que presta la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) en la ciudad de El Alto y aclaró que las variaciones registradas en algunas facturas responden a mecanismos establecidos por normativa vigente desde hace varios años.
Según la explicación oficial, los usuarios que consumen hasta 15 metros cúbicos de agua al mes continúan beneficiándose de la tarifa solidaria, por lo que mantienen el pago de Bs 1,78 por metro cúbico. Este grupo representa aproximadamente el 85% de los 321.913 usuarios de Epsas en El Alto.
Las autoridades señalaron que los ajustes únicamente alcanzan a quienes superan ese nivel de consumo. En esos casos, el cálculo de la tarifa está vinculado al valor de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), indicador que se actualiza de acuerdo con la inflación y otros factores económicos.
De acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia, la UFV pasó de Bs 2,74112 en junio de 2025 a Bs 3,29056 en junio de 2026, situación que influye en el costo final del servicio para los usuarios que exceden el límite establecido para la tarifa solidaria.
El Gobierno remarcó que este sistema de cálculo no es reciente, sino que se aplica desde 2007 en virtud de la Resolución 67/2007 de la entonces Superintendencia de Saneamiento Básico. Además, recordó que la determinación tarifaria está respaldada por la Ley de Reordenamiento Económico y la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
En ese contexto, se aclaró que la actual administración no aprobó nuevas normas para elevar las tarifas de los servicios básicos. Según las autoridades, los ajustes observados en algunas facturas responden exclusivamente a la aplicación de la normativa vigente y al efecto de la inflación sobre el valor de la UFV.
Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, atribuyó este impacto a los niveles de inflación registrados en años anteriores y afirmó que la reducción de ese indicador es una de las prioridades económicas del Gobierno para evitar mayores efectos sobre distintos servicios y obligaciones indexadas a la UFV.
