Éxito Noticias, 14 de agosto 2026.- El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y el periodista y gerente nacional de DTV, Junior Arias, intercambiaron comunicados públicos en los que expusieron posiciones contrapuestas respecto a una investigación periodística sobre el patrimonio de la autoridad y la posterior revisión de un contrato que el medio mantiene con el Estado.
En su pronunciamiento, Espinoza afirmó que personas enviadas por un medio de comunicación realizaron filmaciones de su vehículo en un domicilio particular y cuestionó que se intentara vincular ese hecho con la propiedad del inmueble. Sostuvo que la presencia de un vehículo “no acredita la propiedad del inmueble” y calificó de “irresponsable” construir acusaciones patrimoniales sin una verificación previa.
El ministro aseguró que reconoce el trabajo de fiscalización de la prensa, pero remarcó que este debe sustentarse en “información contrastada” y “documentos verificables”. Además, señaló que una primera observación sobre la compra de su vehículo derivó en nuevas acusaciones y en una “narrativa de desprestigio” que, según indicó, alcanzó aspectos personales y familiares.
En el mismo comunicado, Espinoza informó que un reclamo económico vinculado a Junior Arias, por aproximadamente Bs 3 millones y relacionado con contrataciones realizadas durante la gestión del expresidente Luis Arce, será sometido a una revisión técnica, jurídica y administrativa antes de autorizar cualquier desembolso. Afirmó que esa decisión responde exclusivamente a sus obligaciones como Máxima Autoridad Ejecutiva del ministerio y que “no constituye una represalia” contra el medio ni contra el periodista.
Como respuesta, Junior Arias sostuvo que la investigación difundida por DTV no surgió de rumores, sino de documentación que posteriormente fue corroborada. Indicó que el trabajo periodístico detectó que un vehículo Audi Q4 e-tron modelo 2025 no figuraba en la declaración jurada presentada por el ministro y observó que en el documento de compraventa se consignó un valor de Bs 50.000, mientras que, posteriormente, la propia autoridad reconoció que el monto real de la operación fue de Bs 350.000.
El periodista afirmó que esos elementos constituyen “hechos” y no una campaña de desprestigio, además de señalar que corresponde a las autoridades esclarecer las diferencias relacionadas con el impuesto a la transferencia del motorizado.
Respecto al anuncio del Ministerio de Economía sobre la revisión de un contrato estatal, Arias aclaró que la obligación económica mencionada corresponde a DTV como empresa y no a él como persona natural. Asimismo, expresó preocupación porque, tras la publicación de la investigación periodística, la autoridad hubiera incorporado ese tema en un comunicado institucional.
“Auditen todo, Ministro”, señaló Arias, quien aseguró que el medio es una empresa formal y sostuvo que la investigación sobre el patrimonio del ministro y la revisión de contratos estatales son asuntos distintos. También advirtió que vincular ambos temas puede generar una señal preocupante para el ejercicio del periodismo y la fiscalización del poder.
Mientras el ministro afirmó que continuará respondiendo a las acusaciones con “información verificable y documentación” y defendió la revisión de los recursos públicos, el gerente de DTV reiteró que el deber del periodismo es investigar a las autoridades y que la ciudadanía es la encargada de valorar los hechos expuestos.
