Éxito Noticias, 14 de agosto 2026.- Cuatro efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) fueron sentenciados a ocho años de privación de libertad por los delitos de concusión y cohecho, dentro del proceso iniciado por el robo y posterior extorsión a un librecambista en la zona Sur de La Paz. El fiscal de materia Ronald Jurado informó que el Tribunal de Sentencia emitió este viernes la condena y determinó que los policías cumplan su pena en el penal de San Pedro.
Según la explicación del fiscal, el caso se remonta al 29 y 30 de diciembre de 2024, cuando Carlos F. P., dedicado al cambio de divisas, denunció haber sido víctima de un atraco. Sin embargo, después de acudir a la Policía Boliviana para reportar el hecho, fue convocado de manera irregular a dependencias del DACI, donde los efectivos que debían investigar el caso lo habrían presionado para que reconociera que el robo se trataba de un autorrobo.
Jurado señaló que la víctima fue amedrentada en dependencias policiales y posteriormente trasladada hasta la casa de cambios donde trabajaba. Durante un supuesto registro, los efectivos habrían encontrado importantes cantidades de dinero y, de acuerdo con la investigación, comenzaron a exigirle recursos a cambio de supuestamente ayudarlo en el proceso relacionado con el atraco. Inicialmente le habrían pedido $us 20.000 y posteriormente elevaron la exigencia a $us 30.000.
Además, los antecedentes establecen que los cuatro policías se habrían apoderado de aproximadamente Bs 600.000 y $us 53.000, dinero que la víctima entregó bajo presión y con la expectativa de que los funcionarios lo custodiaran. El caso se hizo público a finales de enero de 2025, cuando los efectivos fueron aprehendidos tras la denuncia del librecambista, quien previamente había reportado la sustracción de más de Bs 1 millón durante el atraco.
Con la sentencia emitida este viernes, los cuatro efectivos deberán cumplir ocho años de prisión en San Pedro por haber utilizado presuntamente su condición de funcionarios policiales para intimidar a la víctima y obtener dinero de manera irregular. El Ministerio Público destacó que la condena se sustenta en la adecuación de la conducta de los acusados a los delitos de concusión y cohecho, dentro de un caso que generó cuestionamientos sobre el accionar de los investigadores del DACI.
