Éxito Noticias, 25 de junio 2026.- El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) no garantiza impunidad para quienes hayan cometido delitos durante los más de 50 días de bloqueos registrados en el país.
En contacto con radio Éxito, la autoridad aclaró que el documento firmado no establece prohibiciones para investigaciones, aprehensiones o procesos judiciales, sino que ratifica principios constitucionales relacionados con el respeto a los derechos y garantías fundamentales.
“El acuerdo firmado no dice no aprehensiones, no enjuiciamiento”, enfatizó.
Según explicó, el Ejecutivo mantiene la posición de que cualquier responsabilidad penal debe ser determinada por las instancias competentes y en el marco de la legislación vigente.
“No podemos pasar por alto delitos, infracciones, daños, porque eso sería impunidad”, sostuvo.
Gálvez remarcó que el Gobierno diferencia entre el derecho a la protesta y la comisión de actos ilícitos, señalando que la violencia y los perjuicios ocasionados a la población durante los bloqueos deben ser evaluados por las autoridades correspondientes.
En ese marco, afirmó que corresponde analizar tanto las consecuencias económicas como las responsabilidades políticas y legales derivadas del conflicto.
Respecto al expresidente Evo Morales, indicó que cualquier ciudadano requerido por la justicia tiene la obligación de comparecer ante las autoridades judiciales.
“Al igual que cualquier otro ciudadano boliviano cuando es requerido ante los estrados judiciales tiene la obligación de presentarse”, afirmó.
Añadió que existen procesos judiciales en curso y que las acciones relacionadas con su ejecución corresponden a las instancias de seguridad y administración de justicia.
El vocero también consideró que la sociedad debe generar un rechazo colectivo a los bloqueos como mecanismo de presión política, al sostener que este tipo de medidas terminan afectando a sectores ajenos al conflicto mediante la restricción de alimentos, combustibles, medicamentos y otros servicios esenciales.
