Éxito Noticias, 14 de abril 2026.– La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la Acción de Amparo Constitucional presentada por René Yahuasi Calamani contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La decisión establece la suspensión inmediata y provisional de dos resoluciones emitidas por el ente electoral a inicios de abril, en el marco de los comicios departamentales.
El recurso paraliza temporalmente los efectos de los autos administrativos del TSE, aunque la resolución aclara que esta medida no afecta el desarrollo de los sufragios en otros departamentos. Los vocales ordenaron la notificación oficial a la directiva y a los miembros plenos del organismo electoral, mientras se analiza el fondo del recurso.
La audiencia pública para definir la controversia fue fijada para el próximo 16 de abril y se desarrollará de manera virtual. En esa instancia, las autoridades del TSE deberán presentar sus argumentos técnicos y legales para justificar las decisiones cuestionadas. El proceso se da en un momento clave del calendario electoral, a pocos días de la segunda vuelta en cinco departamentos.
El abogado de Yahuasi, Daniel Tintaya, informó que el tribunal dispuso la suspensión de toda proclamación por parte del TSE hasta que se resuelva el amparo. “Se tiene que dejar sin efecto la resolución 064/2026, así como la resolución 1266/2026”, señaló, recordando que en esos documentos se aceptó la declinatoria del partido NGP y se proclamó como gobernador de La Paz a Luis Revilla, además de rechazar un recurso extraordinario de revisión presentado por su defendido.
Tintaya sostuvo que el accionar del TSE fue ilegal y vulneró derechos políticos, por lo que la medida cautelar busca garantizar que el proceso electoral se lleve adelante con transparencia. “Hay poca credibilidad en las instituciones y este amparo es un paso para recuperar confianza”, afirmó.
En paralelo, Yahuasi anunció una marcha desde la provincia Camacho hacia la ciudad de La Paz en respaldo a su demanda. La movilización pretende visibilizar lo que considera un atropello a sus derechos y presionar para que el Tribunal Constitucional resuelva de manera favorable su recurso antes de la segunda vuelta electoral.
