Éxito Noticias, 21 de enero 2026.- La senadora Claudia Mallón, jefa de bancada de APB–Súmate, dirigió una carta formal al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en la que exige que el Ejecutivo ofrezca públicamente una recompensa de 100.000 dólares a quien proporcione información veraz y eficaz que permita la ubicación y aprehensión del expresidente Evo Morales, a quien califica como “prófugo de la justicia”.
En la misiva, la legisladora invoca el derecho de petición consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, y sostiene que es un “hecho público y notorio” que sobre Morales pesa un mandamiento de aprehensión vigente dentro de un proceso penal por trata de personas, vinculado a menores de edad, radicado en el departamento de Tarija. En ese marco, afirma que el exmandatario se encuentra sustraído de la acción de la justicia, sin que hasta el momento se haya logrado ejecutar la orden judicial.
Mallón remarca que el Estado tiene la obligación indeclinable de hacer cumplir los mandamientos judiciales, por lo que considera necesario que el Ministerio de Gobierno adopte medidas excepcionales para garantizar la efectividad de la acción penal. Como antecedente, recuerda que en 2023 el entonces titular de esa cartera ofreció una recompensa de 100.000 dólares a quien brindara información eficaz para dar con el paradero del narcotraficante Sebastián Marset, prófugo de la Policía Boliviana en ese momento.
“En consecuencia, exijo que su despacho adopte una medida análoga, disponiendo a la brevedad posible y de manera pública el ofrecimiento de una recompensa de similar alcance, destinada a facilitar la ubicación y captura del referido prófugo Morales, conforme a ley”, señala la carta.
El expresidente no ha aparecido públicamente desde principios de enero de 2026, lo que ha generado incertidumbre sobre su paradero. Su entorno afirma que se encuentra recuperándose de dengue y bajo protección en un lugar seguro, sin ofrecer detalles concretos de su ubicación, y descarta que haya salido del país por rutas legales.
Los allegados también han reforzado la seguridad en el Chapare, su bastión político, como medida preventiva ante posibles acciones judiciales o de fuerza, mientras persisten las especulaciones sobre una eventual fuga inspirada en la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
