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    Fiscalía cita por edictos a exvicepresidente de YPFB y este jueves se definirá revocatoria de detención domiciliaria de exgerente en caso Botrading

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    Éxito Noticias, 12 de noviembre 2025.- La Fiscalía citó por edictos al exvicepresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Miguel Ángel Colque, dentro de las investigaciones por el caso Botrading, que indaga un presunto sobreprecio en la importación de gasolina y diésel. Colque cuenta con una orden de aprehensión y deberá responder por las acusaciones de irregularidades en contratos vinculados a la empresa paraguaya.

    De manera paralela, este jueves se llevará a cabo la audiencia en la que el Viceministerio de Transparencia solicitará la revocatoria de la detención domiciliaria de la exgerente de YPFB Corporación, Cinthia Pedraza, también investigada en el mismo proceso. La autoridad busca que se disponga su reclusión preventiva, argumentando riesgos procesales y la gravedad de los hechos denunciados.

    El fiscal Omar Yujra, encargado del caso, confirmó que se activó una alerta migratoria contra el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, y más de ocho investigados por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. La decisión ya fue notificada a la Dirección de Migración para impedir que los procesados abandonen el país y garantizar su presencia en los llamados judiciales.

    Según la Fiscalía, aún resta que declare la presidenta de Botrading en Paraguay, considerada pieza clave para esclarecer el alcance de las operaciones cuestionadas. La investigación apunta a determinar responsabilidades en la firma de contratos y en la supuesta sobrevaloración de los combustibles importados, que habrían generado un daño económico al Estado boliviano.

    El caso Botrading se ha convertido en uno de los procesos más relevantes en torno a la administración de YPFB, al involucrar a exejecutivos de alto rango y a una empresa extranjera. La Fiscalía anticipó que continuará con las diligencias y auditorías necesarias para establecer responsabilidades penales y administrativas, mientras sectores sociales exigen sanciones ejemplares frente a posibles actos de corrupción.

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