Éxito Noticias, 30 de septiembre 2025.- El sistema penitenciario boliviano atraviesa una crisis profunda. Según la “Alerta Temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia”, presentada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el país enfrenta una sobrepoblación carcelaria del 105%, lo que significa que hay más del doble de internos respecto a la capacidad instalada en varios penales.
Callisaya explicó que esta situación crítica se debe a tres factores principales: el crecimiento sostenido de la población penitenciaria, el hacinamiento extremo y el uso excesivo de la detención preventiva. A julio de 2025, Bolivia cuenta con 33.058 personas privadas de libertad (PPL), muchas de ellas en condiciones que vulneran sus derechos humanos.
Ejemplos alarmantes respaldan esta denuncia. El penal de San Pablo de Quillacollo, con capacidad para 110 internos, alberga actualmente 674 personas, lo que representa un hacinamiento del 513%. En San Sebastián, con espacio para 250 reclusos, hay 1.115 internos, alcanzando un 346% de sobrepoblación. Penales como Palmasola en Santa Cruz y San Pedro en Oruro también superan el 200% de hacinamiento.
“La sobrepoblación impide garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios básicos, generando un entorno inhumano e insostenible”, advirtió Callisaya. Además, señaló que esta situación ha contribuido a muertes violentas de 15 internos, deficiencias graves en salud y alimentación, y una infraestructura debilitada sin programas efectivos de reinserción.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo propuso cinco medidas urgentes: limitar la detención preventiva, aplicar un enfoque diferenciado para poblaciones vulnerables, implementar manillas electrónicas, clasificar a los internos según el tipo de delito, y mejorar el acceso a la salud con más personal médico y convenios hospitalarios.
Finalmente, Callisaya instó a que los gobiernos nacional, departamental y municipal trabajen de forma coordinada para asumir sus responsabilidades en el sistema penitenciario, recordando que el buen funcionamiento de las cárceles está directamente relacionado con la seguridad ciudadana.
