Éxito Noticias, 14 de octubre 2024.- El abogado Víctor Nina informó que el juicio oral por el denominado caso Golpe I ha sido reprogramado para el próximo jueves a las 08:30, debido a la ausencia de los principales acusados, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari.
El inicio del juicio, previsto inicialmente para las 09:00 de este lunes en un juzgado de La Paz, se vio afectado por la falta de traslado de los imputados desde las cárceles en las que se encuentran recluidos. Áñez está en el penal de Miraflores en La Paz, Camacho en Chonchocoro en el municipio de Viacha, y Pumari en Cantumarca, Potosí. El director nacional de Seguridad Penitenciaria, Rodolfo Machicado, justificó la no comparecencia de los acusados debido al “riesgo en el traslado”.
Ante este panorama, el abogado Nina expresó preocupación por la posibilidad de que los acusados no se presenten en la nueva fecha y solicitó medidas de resguardo. “Se ha dispuesto que alrededor del Tribunal, la UTOP pueda custodiar con la finalidad de que tanto los sujetos procesales como las autoridades jurisdiccionales no reciban presión”, explicó.
Además, advirtió sobre el riesgo de fuga por parte de los acusados, señalando que su comportamiento ha sido “reticente” y pidió que el tribunal valore esta situación para garantizar la presencia de los acusados en las próximas audiencias.
Nina adelantó que, de no presentarse los acusados el día jueves, solicitará que la audiencia se realice de manera virtual para asegurar el principio de celeridad y garantizar una “pronta justicia”. En sus declaraciones, también hizo referencia a la etapa preparatoria del juicio, en la cual se recogieron testimonios, y explicó que figuras relevantes como el expresidente Evo Morales no declararon en esa instancia, lo que, según el abogado, impide que sean citados en el juicio.
El juicio investiga hechos relacionados con los conflictos políticos de 2019, que según Nina, lesionaron un bien jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia, identificado como el “estado social democrático de derecho”. El abogado recordó que el delito más grave dentro del caso es el de terrorismo, que tiene una pena mínima de 15 años y una máxima de 20 años de prisión. “Pediremos la máxima pena”, afirmó Nina, en un intento de subrayar la gravedad de los hechos y la necesidad de una sanción ejemplar para los acusados.
