Éxito Noticias, 26 de agosto 2022.- La abogada Evelyn Cossío, asesora legal de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), calificó de “ilegal” la propuesta del senador oficialista, Félix Ajpi, de que el Gobierno administre el mercado cocalero para poner fin al conflicto cocalero y advirtió que podría provocar molestia al interior del sector de la región de los Yungas.
“Adepoca es una asociación departamental de productores de la hoja que es netamente privado, ellos tienen un estatuto, tienen un reglamento propio, son reconocidos como ente, como autoridad, como persona jurídica. En ese entendido, ellos tienen todo el derecho de actuar y defender su asociación conforme lo establece el estatuto”.
exclamó.
Afirmó que el planteamiento del parlamentario carece de fundamento jurídico, pues recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece el derecho de la libe asociación. “El Estado jamás puede tomar parte de lo que es una asociación privada”, añadió.
Advirtió que, en lugar de apaciguar el conflicto, este planteamiento generará mayor entre los productores de coca movilizados.
“Esto va a generar bastante molestia al interior (del sector) y, además, estarían incurriendo en incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución las autoridades que osen realizar este extremo de tomar Adepcoca por la fuerza”.
exclamó.
Este viernes, el senador del MAS sugirió que el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se haga cargo de la organización cocalera por el lapso de un año, hasta que los sectores den conflicto resuelvan sus “diferencias”.
“El Estado tiene que hacerse cargo, por un año, de un mercado de coca, sea en Villa Fátima, sea en El Alto, en el lugar donde quede, porque así dice la (Ley) 906. En última instancia es el ministerio encargado (es el que puede) definir dónde se vende la coca”.
indicó.
Los dirigentes de Adepcoca reivindican que las leyes reconocen únicamente el mercado tradicional de Villa Fátima, en La Paz, y el de Sacaba, en Cochabamba, como los únicos autorizados por Ley, por lo que exigen que el cierre del mercado paralelo que abrió Arnold Alanes, afín al MAS, en Villa El Carmen.
Por su lado, Alanes pidió la legalización de su centro de comercio o, en todo caso, retomar el mercado de la dirigencia ‘orgánica’, considera que pertenece a su grupo.
Las protestas del bloque que defiende el mercado tradicional y pide el cierre del paralelo cierra su cuarta semana con una nueva convocatoria al diálogo sin éxito y derivó en enfrentamientos con la Policía, entre dinamitazos y la respuesta con gases lacrimógenos de las fuerzas de seguridad.
Ante este conflicto, el ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, admitió que el mercado de Alanes no tiene autorización, pero aún así no lo cerrarán y mantendrá el resguardo policial -según dijo- para evitar violencia en el lugar. Sostiene que solo puede ofrecer la mediación, llamando al diálogo a ambos sectores.
