Éxito Noticias, 15 de septiembre 2026.- La solicitud de ampliación del Estado de Excepción debe ser tratada por la Asamblea Legislativa, pero el Gobierno sostiene que extender la medida por otros 90 días es necesario para evitar nuevos bloqueos y hechos de violencia que, según el Ejecutivo, podrían afectar la provisión de alimentos, medicamentos y otros productos básicos.
En contacto con radio Éxito, el vocero presidencial José Luis Gálvez defendió la decisión y señaló que el Estado de Excepción permitió mantener la paz social durante los últimos 90 días, pese a que, según su evaluación, persisten los factores políticos que dieron origen a los bloqueos de 53 días registrados anteriormente.
“Durante estos 90 días se ha garantizado la paz social y se ha vuelto a trabajar”, afirmó Gálvez, quien sostuvo que el Gobierno busca evitar que la población vuelva a enfrentar situaciones de desabastecimiento. “Lo que tenemos que evitar es que el pueblo boliviano vuelva a ser cercado, que tenga escasez de alimentos, de medicamentos y de otras cosas que son de necesidad básica”, agregó.
El vocero consideró que la ampliación puede realizarse dentro del marco constitucional y planteó una nueva vigencia de 90 días. Explicó que el Ejecutivo ya remitió el decreto a la Asamblea Legislativa, instancia que, de acuerdo con su interpretación, debe tratarlo y pronunciarse en un plazo de 72 horas.
Gálvez aseguró que durante la vigencia de la medida no fue necesario recurrir a mecanismos más restrictivos. Diferenció el Estado de Excepción del Estado de Sitio y señaló que este último contempla medidas como la militarización de determinadas zonas, el toque de queda y restricciones temporales a algunos derechos constitucionales.
“Durante estos 90 días no hemos tenido que acudir a eso”, afirmó el vocero, al destacar que se permitió mantener las actividades productivas y laborales. Aseguró además que las protestas continúan permitidas, pero cuestionó las acciones que puedan afectar los derechos de terceros.
Respecto a las críticas de sectores políticos que consideran la ampliación una medida coercitiva, Galvez rechazó esa interpretación y sostuvo que la disposición está contemplada en la Constitución. “Lo que no se permite es cercar a la población, es evitar que los demás puedan vivir y producir y vivir normalmente”, manifestó.
El vocero también fue consultado sobre la crisis económica, las filas por combustible y el impacto de las medidas gubernamentales. Admitió que existe preocupación entre la población, pero insistió en que el Ejecutivo busca enfrentar una situación que, según dijo, fue heredada de la administración anterior.
Sobre la posibilidad de que la Asamblea Legislativa solicite explicaciones antes de pronunciarse sobre la ampliación, Gálvez indicó que el Gobierno está dispuesto a proporcionar la información requerida. “Ya se ha presentado el decreto supremo y se hará lo que corresponda conforme a la constitución”, sostuvo.
De igual forma, reiteró que la ampliación del estado de excepción, en criterio del Ejecutivo, no busca beneficiar al Gobierno, sino evitar que se repitan los bloqueos y garantizar la continuidad de las actividades en el país. “No es en beneficio del gobierno, es en beneficio de la población”, afirmó.
