Éxito Noticias, 2 de febrero 2026.- La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría, afirmó que la lucha contra la impunidad y la violencia debe partir del principio de igualdad ante la ley y de una respuesta efectiva del Estado, en el marco de una agenda que también prioriza la protección de la niñez y la prevención de la violencia de género.
Durante una entrevista con radio Éxito, la autoridad remarcó que la búsqueda de justicia no debe estar condicionada por el tiempo transcurrido ni por las personas involucradas. “No importa quién sea, todos tienen que ser iguales ante la ley y las víctimas tienen que responder la respuesta pronta, oportuna y rápida de la justicia”, sostuvo, al subrayar la necesidad de que los casos no queden sin sanción.
Echeverría confirmó que el Viceministerio acompaña la conformación de una comisión impulsada desde la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Justicia presidida por el diputado Manolo Rojas. Esta instancia abordará hechos que se arrastran desde gestiones pasadas y no fueron resueltos.
La viceministra convocó a la población a aportar información sobre situaciones de impunidad. “Aquellas personas que tengan conocimiento de alguna situación en la cual se haya caído, digamos, en impunidad puedan también acudir a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados”, señaló. Añadió que se trata de casos sensibles, como los vinculados a pederastia en la Iglesia católica y denuncias en organizaciones juveniles, que “no pueden volver a repetirse”.
En el inicio de la gestión educativa, la autoridad informó que un equipo del Viceministerio, a través de la unidad de niñez y en coordinación con UNICEF, trabaja en tareas de prevención dentro de una agenda proyectada hasta 2030. Además, destacó la inauguración de un centro de educación especial en El Alto como parte de una política de inclusión.
Echeverría alertó sobre situaciones de discriminación hacia niños con discapacidad y puso como ejemplo un caso de un menor con autismo que habría enfrentado obstáculos para su inscripción escolar. En ese marco, señaló que la educación debe ser inclusiva y visibilizar a esta población, para evitar exclusiones desde el inicio de la vida escolar.
La entrevista también abordó el reciente caso de feminicidio registrado en La Paz, en un contexto en el que la violencia extrema contra mujeres continúa generando alarma. Echeverría calificó estos hechos como la expresión más grave de la violencia y presentó datos de los últimos años: “En 2024 hemos tenido 85 casos de feminicidio. El 2025, 81”.
La viceministra hizo énfasis en que la mayoría de los casos de feminicidio estuvieron precedidos por agresiones previas, por lo que consideró clave analizar por qué no se actuó a tiempo. En ese sentido, planteó fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) junto a nuevas autoridades municipales.
También cuestionó las fallas posteriores a la denuncia. “Las víctimas denuncian. Las víctimas saben que pueden denunciar. ¿Qué es lo que pasa después de la denuncia? Es el problema”, manifestó, al mencionar demoras en la actuación policial, presiones familiares y la falta de aplicación de medidas de protección. “No, no están funcionando las medidas de protección porque no se están aplicando, no se están cumpliendo”, afirmó.
Sobre la Ley 348, que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, Echeverría consideró que el principal problema es su implementación. Desde su experiencia en la Fiscalía de Género en Santa Cruz, señaló que no existen suficientes juzgados especializados ni personal adecuado, por lo que la dificultad radica en la aplicación y no en la norma en sí.
Respecto a denuncias falsas, recordó que el Código Penal contempla sanciones y que tanto abogados como funcionarios públicos pueden activar los mecanismos correspondientes si identifican un uso indebido de la ley. No obstante, puntualizó que estos casos no representan la dimensión real de la violencia que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes.
Asimismo, dejó abierta la posibilidad de ajustes normativos, pero bajo un proceso participativo. “Es importante escuchar a todas y escuchar a todos. Siempre es importante escuchar”, concluyó.
