Éxito Noticias, 15 de junio 2026.- La senadora Ana María Crispín denunció este lunes que el Gobierno vulneró derechos humanos al impedir el ingreso a Bolivia de una misión argentina de observación, cuya visita había sido solicitada por legisladores nacionales. Según la parlamentaria, la delegación tenía como objetivo verificar denuncias sobre presuntas vulneraciones de derechos fundamentales en el marco de los conflictos sociales que atraviesa el país.
Crispín explicó que la presencia de la misión internacional fue gestionada por un grupo de legisladores que buscaban contar con una evaluación independiente de la situación. Sin embargo, cuestionó que las autoridades migratorias hayan obstaculizado su llegada, lo que a su criterio impide una observación imparcial y limita la transparencia en torno a las denuncias de abusos.
La legisladora sostuvo que la negativa constituye una señal preocupante respecto al respeto de los derechos humanos y las garantías democráticas en Bolivia. “Se está vulnerando el derecho a la observación internacional y se está cerrando la posibilidad de que se conozca la verdad sobre lo que ocurre en el país”, afirmó Crispín en declaraciones a medios locales.
El hecho se produjo luego de que ciudadanos argentinos, vinculados a organizaciones de derechos humanos, fueran impedidos de ingresar al territorio nacional y posteriormente trasladados a Santa Cruz de la Sierra para su expulsión. La senadora lamentó que ni siquiera los parlamentarios que solicitaron la visita pudieron reunirse con la delegación, lo que calificó como un acto de censura.
Crispín recordó que la misión tenía previsto reunirse con sectores sociales, víctimas de los conflictos y organizaciones civiles para recoger testimonios sobre presuntas vulneraciones de derechos fundamentales. Al impedir su ingreso, dijo, se bloquea la posibilidad de contar con un informe independiente que pueda ser compartido en instancias internacionales.
Finalmente, la senadora reiteró su rechazo a la decisión del Gobierno y aseguró que continuará denunciando lo ocurrido en instancias nacionales e internacionales. “No podemos permitir que se limite la presencia de observadores de derechos humanos, porque eso afecta directamente la credibilidad del país y la confianza en nuestras instituciones”, concluyó.
