Éxito Noticias, 14 de septiembre 2026.- El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, cuestionó la gestión del Ministerio de Minería y sostuvo que tanto los trabajadores asalariados como el sector cooperativista han pedido el alejamiento del ministro Marco Antonio Calderón de la Barca, debido a la falta de atención a sus demandas y a la ausencia de acciones concretas frente a la minería ilegal.
Paye señaló que uno de los principales problemas está relacionado con la demora en los trámites y contratos mineros. Afirmó que se habría instruido a técnicos de Comibol, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y otras instancias a no avanzar en determinados procedimientos, situación que, según el dirigente, dificulta la regularización de empresas y la ampliación de contratos.
“Hace un obstáculo para poder llegar a final de los contratos y legalizar muchas empresas”, sostuvo Paye al referirse a las dificultades que, según el sector, se presentan en los trámites relacionados con la actividad minera.
El dirigente también cuestionó la falta de respuestas ante el crecimiento de la minería ilegal. Aseguró que, de acuerdo con estadísticas que fueron presentadas al sector, cerca del 80% de la actividad minera correspondería a operaciones ilegales, situación que, a su criterio, genera un perjuicio económico al Estado y afecta al medio ambiente.
“Un ochenta por ciento sería la minería ilegal”, afirmó Paye, quien advirtió además que en algunas zonas los operadores ilegales incluso recurrirían a armas de fuego para desarrollar sus actividades y desplazar a otros trabajadores.
Paye recordó que el sector minero viene reclamando desde septiembre del año pasado medidas concretas para enfrentar esta problemática y anunció que los trabajadores buscarán fortalecer un proyecto de ley destinado a combatir la minería ilegal. Para ello, dijo que pretenden sumar el respaldo de parlamentarios y otras autoridades.
“Qué gran fuga se está viendo, qué gran daño se está ocurriendo”, manifestó el dirigente al referirse a la salida de recursos naturales que, según su denuncia, estaría vinculada con la actividad minera ilegal.
Sobre el pedido de renuncia del ministro de Minería, Paye indicó que los trabajadores intentaron reunirse con autoridades del Gobierno, pero no recibieron la atención esperada. Relató que incluso una delegación convocó a una reunión en la Casa Grande del Pueblo y permaneció en el lugar sin poder ingresar.
En ese contexto, el dirigente sostuvo que la situación podría derivar en nuevas medidas de presión si no existen respuestas. Sin embargo, señaló que la prioridad de los trabajadores es encontrar soluciones mediante el diálogo y evitar nuevos conflictos.
“Tendría que existir pues siempre de las culturas del diálogo, de la atención”, afirmó, al plantear que el Gobierno debe mantener una relación directa con los sectores sociales y atender sus demandas.
Respecto a la eventual ampliación del Estado de Excepción, Paye sostuvo que cualquier decisión debe estar acompañada de soluciones concretas. Cuestionó que las restricciones adoptadas hasta ahora no hayan resuelto problemas como el abastecimiento de combustibles.
El dirigente también criticó la política de combustibles aplicada por los últimos gobiernos y sostuvo que el sector minero enfrenta dificultades por el impacto de la escasez y los costos de comercialización. Según un análisis realizado por el sector junto con economistas, la situación del combustible representaría alrededor de un 40% de afectación para su actividad.
“Queremos que haya condiciones”, señaló Paye al referirse a la necesidad de garantizar el abastecimiento de combustible y condiciones económicas que permitan mantener la producción minera.
Sobre la libre importación de combustibles, el dirigente indicó que el sector observa con cautela las medidas adoptadas por el Gobierno. Señaló que, si bien en algunas regiones se percibe una relativa mejora en el abastecimiento, todavía persisten filas y dificultades para acceder al combustible, particularmente en Potosí y La Paz.
Paye sostuvo que las medidas adoptadas deben considerar la realidad económica y política del país y no limitarse a la aprobación de nuevas normativas. En su criterio, cualquier modificación debe garantizar condiciones que permitan reducir el impacto sobre los sectores productivos.
Asimismo, el dirigente reiteró que los mineros asalariados mantienen el pedido de renuncia del ministro de Minería y que, junto con otros sectores, evaluarán los próximos pasos si no reciben respuestas. Señaló que la demanda no se limita a los cooperativistas y que los trabajadores asalariados también consideran que la actual gestión no ha atendido los problemas centrales de la minería.
