Éxito Noticias, 16 de junio 2026.- El vicepresidente Edmand Lara cuestionó este martes la expulsión de una delegación argentina que se presentó como una misión internacional de derechos humanos y acusó al Gobierno de impedir una verificación independiente de la situación que atraviesa el país en medio del conflicto social y los bloqueos.
La autoridad sostuvo que la comitiva llegó desde Argentina con el objetivo de observar y recabar información sobre los acontecimientos registrados en Bolivia; sin embargo, denunció que sus integrantes fueron retenidos y posteriormente expulsados por autoridades migratorias y policiales.
“Una Comisión Internacional de Derechos Humanos llegó desde Argentina para verificar lo que está pasando en nuestro país. Y la respuesta del Estado ha sido clara: retención, hostigamiento y expulsión”, afirmó Lara durante un pronunciamiento público.
El vicepresidente señaló que la actuación coordinada de Migración, la Cancillería y efectivos policiales habría impedido que la misión desarrollara su labor de observación. En ese contexto, cuestionó las razones de la decisión gubernamental y aseguró que restringir la presencia de observadores internacionales genera dudas sobre la transparencia en el manejo de la crisis.
“¿A qué le temen? ¿Qué es lo que no quieren que el mundo vea?”, expresó la autoridad, al sostener que cuando un gobierno limita la observación internacional “no está defendiendo la soberanía, está ocultando la realidad”.
Lara afirmó además que impedir la verificación independiente de los hechos constituye una señal preocupante para la democracia y comparó la medida con prácticas aplicadas por gobiernos cuestionados por organismos internacionales. En ese sentido, consideró que la expulsión de la delegación no solo afectó a los visitantes extranjeros, sino también al derecho de los bolivianos a conocer la verdad sobre lo que ocurre en el país.
Las declaraciones surgen después de que una delegación integrada por activistas, dirigentes sindicales y políticos argentinos denunciara que se le negó el ingreso a Bolivia en el aeropuerto internacional de El Alto. El Gobierno, por su parte, informó que la decisión respondió al incumplimiento de requisitos migratorios y a inconsistencias entre el motivo declarado para su ingreso y las actividades anunciadas públicamente por los integrantes de la misión.
De igual forma, el vicepresidente exigió explicaciones sobre lo ocurrido y pidió que se garantice el respeto a los derechos humanos, la transparencia institucional y el acceso a mecanismos de observación internacional.
