Éxito Noticias, 29 de septiembre 2026.- El exministro de Gobierno y abogado de Nadia Beller, Jerjes Justiniano, afirmó que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se convirtió en una “piedra en el zapato” para la administración de Rodrigo Paz debido a las investigaciones que impulsa el Ministerio Público contra personas vinculadas al entorno presidencial, entre ellas el exasesor argentino Fernando Cerimedo.
En contacto con radio Éxito, Justiniano vinculó este escenario con la reciente decisión de Estados Unidos de revocar la visa de Mariaca y de otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos. Aclaró que Washington tiene la potestad soberana de restringir visas, pero cuestionó el momento en que se conoció la medida y las acusaciones formuladas contra el fiscal general.
“Yo no creo mucho en las casualidades”, sostuvo el jurista al referirse a la coincidencia entre las restricciones estadounidenses, el avance de las investigaciones contra Cerimedo y las recientes disputas entre Mariaca y autoridades del Gobierno.
El abogado recordó que Mariaca dispuso la aprehensión de Cerimedo el 18 de agosto, dentro de una investigación por tentativa de feminicidio, y que posteriormente se abrió otro proceso por presunto enriquecimiento ilícito. También destacó que el Ministerio Público investiga otros hechos relacionados con el entorno del empresario argentino.
Para Justiniano, estas investigaciones explican parte de la tensión política que surgió entre el Ejecutivo y la Fiscalía. “Creo que se ha convertido en una piedra en el zapato porque más allá de los actos delictivos que se están investigando y que hasta ahora tienen detenido preventivamente a quien era muy cercano al presidente”, afirmó.
El abogado, que representa a Beller, una de las víctimas en el caso de Cerimedo, defendió además el trabajo realizado por los fiscales que llevan adelante esa investigación. Según su evaluación, el Ministerio Público actuó con rapidez y logró reunir elementos que posteriormente un juez consideró suficientes para disponer la detención preventiva del empresario.
Justiniano también cuestionó a los legisladores y autoridades que plantearon la salida de Mariaca tras conocerse las sanciones de Estados Unidos. Señaló que la normativa boliviana establece mecanismos específicos para procesar a las altas autoridades y que corresponde utilizar esas vías si existen denuncias contra el fiscal general.
“No deberían pedirse renuncias, no es renuncia lo que se pide, se deben iniciar procesos, debe aplicarse la ley”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la controversia se politizó debido a las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la Fiscalía. Recordó que Mariaca también generó tensión con el Ejecutivo después de pronunciarse sobre la sucesión presidencial durante el viaje de Paz al exterior.
El jurista cuestionó que algunos sectores exijan responsabilidades a Mariaca por las acusaciones de Estados Unidos mientras, a su criterio, no aplican el mismo criterio frente a denuncias que involucran a personas del entorno presidencial.
“Si vamos a medir con una vara uno, midamos con la misma a los otros”, sostuvo.
Respecto a la posibilidad de que Bolivia entregue a Mariaca a Estados Unidos si ese país solicita su extradición, Justiniano rechazó esa posibilidad como una decisión directa del Ejecutivo. Explicó que un eventual proceso de extradición debe seguir el procedimiento establecido por la legislación boliviana y que la decisión corresponde al Tribunal Supremo de Justicia.
Según el abogado, una eventual solicitud estadounidense tendría que someterse a un proceso judicial en el que la persona requerida también pueda ejercer su derecho a la defensa. Por ello, calificó como apresurada cualquier afirmación que plantee una entrega automática ante un eventual pedido de Washington.
Para Justiniano, el conflicto debería resolverse mediante los mecanismos institucionales y no a través de presiones políticas, tanto en el caso de Mariaca como en las investigaciones que comprometen a personas vinculadas al Gobierno.
