Éxito Noticias, 16 de junio 2026.- El abogado Frank Campero afirmó que los recientes hallazgos vinculados al dirigente evista Ponciano Santos podrían agravar su situación jurídica, luego de que se detectara que presuntamente coordinaba movilizaciones y bloqueos desde el interior del recinto penitenciario donde cumple detención preventiva.
Durante una entrevista con radio Éxito, Campero explicó que Santos enfrenta procesos por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y financiamiento al terrorismo, originados por los bloqueos registrados en 2024. Sin embargo, señaló que nuevos elementos encontrados dentro del penal podrían derivar en investigaciones adicionales relacionadas con la organización de las actuales medidas de presión que afectan a varias regiones del país.
Según relató, el 11 de mayo se conoció que el dirigente fue encontrado en posesión de teléfonos celulares dentro de la cárcel, pese a que no contaba con autorización para portar estos dispositivos. A raíz de este hecho, Régimen Penitenciario le impuso una sanción disciplinaria de 45 días de aislamiento, medida que posteriormente fue ratificada por un juez de garantías tras una audiencia en la que se determinó que no existió vulneración de derechos ni garantías constitucionales.
Campero indicó que la importancia del caso no radica únicamente en la tenencia irregular de los equipos, sino en la información hallada durante la revisión preliminar de los dispositivos. De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, existirían conversaciones y coordinaciones relacionadas con marchas y bloqueos desarrollados desde el interior del penal.
El jurista aclaró que actualmente solo se cuenta con informes preliminares elaborados por Régimen Penitenciario y que los celulares fueron remitidos a pericias técnicas especializadas para determinar el contenido completo de las comunicaciones. Una vez concluido ese análisis, las autoridades podrán establecer con quiénes mantenía contacto el dirigente y cuál habría sido su participación en la organización de las movilizaciones.
A criterio de Campero, estos antecedentes refuerzan la figura de peligro efectivo para la sociedad, uno de los elementos considerados por la justicia para mantener una detención preventiva. Sostuvo que una persona privada de libertad que continúa presuntamente coordinando acciones que generan conflictos sociales, desabastecimiento y perjuicios económicos no demuestra señales de reflexión o reinserción.
El abogado remarcó que este nuevo escenario podría convertirse en un obstáculo para cualquier intento de obtener medidas sustitutivas o una eventual cesación de la detención preventiva. Asimismo, consideró que corresponde al Ministerio Público evaluar la apertura de nuevas investigaciones si las pericias confirman la existencia de coordinaciones vinculadas a los bloqueos.
En relación con el proceso principal, Campero adelantó que el juicio oral contra Santos podría iniciarse en aproximadamente dos semanas, una vez superadas las demoras generadas por la vacación judicial extraordinaria y el régimen de teletrabajo en el sistema judicial. Añadió que buscarán incorporar los nuevos antecedentes al juicio para sustentar la acusación y demostrar que el dirigente mantuvo actividades presuntamente vinculadas a la organización de conflictos incluso mientras permanecía encarcelado.
De igual forma, señaló que las conclusiones de las pericias serán determinantes para establecer el alcance de las presuntas coordinaciones y definir si estos hechos derivan en nuevas acciones penales contra el dirigente evista, en medio de un conflicto que ya supera los 47 días de bloqueos y continúa generando impactos económicos y sociales en distintas regiones del país.
