Éxito Noticias, 3 de agosto 2026.– El Ministerio Público presentó una acusación formal contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La Fiscalía informó que reunió al menos 30 elementos probatorios dentro de la investigación y solicitó que el caso sea llevado a juicio con el objetivo de obtener una sentencia condenatoria.
De acuerdo con la resolución fiscal, el Ministerio Público pidió que la causa sea radicada en el tribunal correspondiente y que, una vez concluido el juicio, se imponga la pena prevista por la ley para este delito. Además, requirió la incautación de los bienes inmuebles, vehículos y recursos económicos que figuran a nombre del acusado, incluyendo cuentas bancarias congeladas y no congeladas.
Rafael Arce permanece declarado en rebeldía y pesa sobre él una orden de aprehensión, además de un sello rojo emitido para facilitar su ubicación y captura. La denuncia en su contra fue presentada por el exdiputado Héctor Arce y está relacionada con la presunta adquisición irregular de un penthouse, bauleras en la zona Sur de La Paz, vehículos de alta gama y otros movimientos patrimoniales que, según la investigación, no guardan relación con los ingresos que declaró.
Durante las pesquisas, la Fiscalía también observó la constitución de la empresa Agron Group, creada en 2021 por Rafael Arce y su hermana con un capital inicial de Bs 210.000. Sin embargo, tras un allanamiento, los investigadores concluyeron que la empresa operaba desde una vivienda familiar y no contaba con las características de una actividad empresarial, además de detectar operaciones financieras consideradas inusuales por montos elevados.
Este proceso se suma a otra investigación que enfrenta Rafael Arce por la presunta compra irregular de un predio productivo en Santa Cruz mediante un crédito bancario millonario. Mientras tanto, el hijo del exmandatario continúa prófugo de la justicia y será juzgado una vez sea puesto a disposición de las autoridades, en un caso que contempla penas de entre tres y ocho años de prisión si se demuestra su responsabilidad.
