Éxito Noticias, 28 de septiembre 2026.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes nuevas restricciones de visado contra ciudadanos extranjeros a quienes acusa de socavar gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades vinculadas con la corrupción o el narcotráfico. La medida alcanza a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que participan en la iniciativa Escudo de las Américas.
El Departamento de Estado informó que aplicará la política bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite restringir la concesión de visas cuando determinadas actividades representan, según Washington, una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho. La disposición también alcanza a los familiares directos de las personas señaladas.
En el caso de Bolivia, Estados Unidos revocó las visas vigentes de 12 ciudadanos y sus familias. La lista incluye a Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior; Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera de Santa Cruz; Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz; e Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
También figuran Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca; Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional; Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional; Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana; y el empresario privado José Luis Iriarte Cussi.
El Departamento de Estado señaló además que otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa quedaron, en general, excluidos de la posibilidad de obtener una. La medida también alcanza a sus familias.
Washington sostuvo que estas acciones responden a los compromisos asumidos durante la Cumbre de Doral y reafirmados el 22 de septiembre por los líderes de Escudo de las Américas, que plantearon coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra personas vinculadas con actividades que, según la declaración, afectan la seguridad, el Estado de derecho y la democracia en la región.
El Departamento de Estado afirmó que la nueva política permitirá a Estados Unidos actuar de manera rápida mientras sus autoridades reúnen información y coordinan las medidas con los países participantes. La administración de Donald Trump señaló que busca utilizar este mecanismo contra funcionarios extranjeros que, según sus investigaciones, incurran en corrupción o narcotráfico y contribuyan a debilitar gobiernos elegidos democráticamente.
