Éxito Noticias, 2 de junio 2026.– La propuesta de convocar a un referéndum revocatorio extraordinario como mecanismo para resolver la crisis política y social que atraviesa el país generó cuestionamientos desde distintas fuerzas políticas. La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ximena Arispe, y el jefe de bancada de Alianza Libre, Rafael López, expresaron su desacuerdo con la iniciativa planteada por el diputado Carlos Alarcón.
Arispe consideró que la propuesta resulta inapropiada debido a que las actuales autoridades fueron elegidas democráticamente hace pocos meses y recordó que tanto el presidente como los legisladores cuentan con un mandato otorgado por el voto ciudadano.
“Las declaraciones de mi colega Carlos Alarcón me parecen inapropiadas porque él también ha sido electo democráticamente y pedir a seis meses un revocatorio me parece algo inadecuado”, manifestó la legisladora.
La diputada también observó aspectos legales y procedimentales de la propuesta, señalando que un proceso de revocatoria debe ajustarse a los plazos y mecanismos establecidos por la normativa vigente. En ese sentido, sostuvo que no corresponde plantear medidas extraordinarias sin considerar el marco constitucional y electoral.
Por su parte, el jefe de bancada de Alianza Libre, Rafael López, también expresó reparos a la iniciativa y advirtió que cualquier salida a la crisis debe respetar el orden democrático y las reglas institucionales del país.
López señaló que las soluciones planteadas frente al conflicto no pueden abrir escenarios que impliquen vulnerar la voluntad popular expresada en las urnas ni generar condiciones que favorezcan el retorno de liderazgos políticos cuestionados por su gestión pasada.
Las declaraciones surgen luego de que Alarcón propusiera analizar un referéndum revocatorio para el presidente, el vicepresidente y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional como una alternativa para superar la crisis derivada de los bloqueos y las movilizaciones que afectan a varias regiones del país.
La propuesta abrió un nuevo debate dentro de la oposición y el oficialismo sobre los mecanismos constitucionales para enfrentar la conflictividad social, en un contexto marcado por más de un mes de protestas, bloqueos de carreteras y demandas de distintos sectores que exigen soluciones a la situación económica y política.
