Éxito Noticias, 11 de noviembre 2026.- La suspensión de clases en 27 unidades educativas y la instalación de 17 piquetes de huelga de hambre forman parte de las principales consecuencias del conflicto entre el magisterio urbano y el Gobierno por la propuesta de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió a ambas partes retomar el diálogo para evitar mayores perjuicios a la población estudiantil.
Un monitoreo realizado los días 9 y 10 de noviembre en 48 establecimientos educativos de distintas regiones del país identificó que 27 suspendieron actividades, dos trabajaron parcialmente y 19 mantuvieron las clases con normalidad. La verificación abarcó unidades educativas urbanas y rurales de los niveles inicial, primario y secundario.
La institución también contabilizó 17 piquetes de huelga de hambre con 120 participantes, de los cuales 57 registraron bajas médicas. En La Paz, durante las movilizaciones del 10 de noviembre, dos maestras sufrieron heridas y recibieron atención antes de su traslado al Hospital Metodista.
Además, la Defensoría verificó que 30 docentes y estudiantes mayores de edad permanecían arrestados en dependencias de la FELCC. La institución gestionó el ingreso de abogados para garantizar su derecho a la defensa y constató que ninguno presentaba lesiones.
La entidad advirtió que la prolongación del conflicto puede profundizar las dificultades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Aunque reconoció el derecho de los sectores movilizados a protestar, pidió que las manifestaciones respeten los derechos de terceros y mantengan un carácter pacífico.
Por ello, ofreció facilitar espacios de diálogo, pero aclaró que no puede reemplazar la responsabilidad de las autoridades gubernamentales y las organizaciones docentes en la búsqueda de acuerdos. La Defensoría instó a ambos sectores a demostrar voluntad para resolver sus diferencias y evitar que el conflicto continúe afectando el derecho a la educación.
