Éxito Noticias, 15 de abril 2026.- El equipo legal del candidato René Yahuasi cuestionó la actuación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al aceptar la declinatoria de una organización política en el proceso subnacional de La Paz, señalando que dicha decisión vulneraría derechos constitucionales tanto del postulante como de su organización.
En contacto con radio Éxito, abogado del candidato, Daniel Tintaya, sostuvo que el Comité Ejecutivo Nacional del partido Nueva Generación Patriótica (NPG) no cuenta con facultades decisorias, sino únicamente de representación y sugerencia, por lo que la determinación debió emanar de la máxima instancia partidaria. En ese sentido, observó que el TSE no realizó un adecuado control de legalidad ni de constitucionalidad antes de validar dicha decisión.
Según explicó, la aceptación de la declinatoria derivó en una afectación de derechos fundamentales, por lo que se activó una acción de amparo constitucional que será analizada por una Sala Constitucional. Mientras no exista una resolución de fondo, el ente electoral estaría impedido de proclamar a cualquier candidato como ganador en el departamento.
El jurista indicó que existen dos posibles escenarios: que la Sala Constitucional conceda la tutela solicitada y deje sin efecto las resoluciones que validaron la declinatoria, lo que implicaría retomar el proceso electoral hacia una segunda vuelta; o que se mantenga la decisión actual.
“Lo que va a disponer esa Sala Constitucional es que si nos conceden la tutela, se tendrá que dejar sin efecto ambas resoluciones donde declaran o aceptan la declinatoria. En consecuencia, tendría que continuar con el proceso electoral para definir en la segunda vuelta”, señaló el jurista.
Asimismo, precisó que la resolución que emita la Sala Constitucional será de cumplimiento obligatorio inmediato, aunque posteriormente será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión.
La audiencia está prevista para este jueves y contará con la participación de las partes involucradas, incluidos representantes de otras organizaciones políticas que fueron convocadas como terceros interesados.
El caso se encuentra en una fase decisiva, mientras se aguarda el fallo que definirá la continuidad del proceso electoral en el departamento de La Paz.
